Barcelona pide a Rajoy que retire el control financiero impuesto al Ayuntamiento de Madrid

Gerardo Pisarello (BComú)
EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Actualizado: miércoles, 15 noviembre 2017 16:44

BARCELONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles una proposición de BComú en la que ha instado al Gobierno central de Mariano Rajoy a retirar el control financiero impuesto al Ayuntamiento de Madrid y a reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 para que los consistorios "saneados" puedan usar su superávit para servicios públicos e inversiones y no a pagar las deudas con los bancos.

La propuesta, que ha contado con el apoyo de BComú, grupo Demòcrata, PSC, ERC y la CUP; la abstención del concejal no adscrito y los votos en contra de Cs y PP, ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid ha sido intervenido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "a pesar de haber hecho grandes esfuerzos para sanear su situación financiera", y ha dicho que Ahora Madrid ha reducido la deuda en 2.000 millones de euros.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha defendido que los municipios son la administración que más han contribuido a reducir la deuda pública en los últimos años: "En cambio, somos los que sufrimos unas reglas más duras que constriñen nuestra autonomía presupuestaria", y ha apuntado que la crisis ha sido una buena excusa para impulsar políticas recentralizadora.

En este sentido, ha recordado que el PP y Cs quieren aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que prevén un déficit de 34.000 millones de euros el 2018, y ha dicho que la intervención del consistorio madrileño es una enorme injusticia y un "ataque inaceptable" a la autonomía local, y también ha dicho que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya es una pieza más de la estrategia recentralizadora de los populares.

"Lo que hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid es paradigmático" de la situación injusta que sufren los municipios, añade la proposición, que también pide que los consistorios saneados, como el caso de Barcelona, que paga a sus proveedores a 30 días, no produce déficit y genera superávit, puedan destinar este superávit a servicios a la ciudadanía.

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