"Estamos experimentando (con el coronavirus) que podemos vivir sin CIE"
BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Migra Studium ha difundido este martes su informe anual sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona, que apunta que en 2019 estuvieron internados un total de 38 presuntos menores y personas con problemas psiquiátricos y con discapacidad.
Desde hace unos ocho años, la fundación mantiene un grupo de voluntarios que visita personalmente a las personas extranjeras internas en el CIE, y a partir de estas visitas elabora un informe anual para "dar luz sobre uno de los puntos más oscuros de la política migratoria del Estado", ha apuntado en un comunicado.
Así Migra Studium destaca que, durante 2019, más de 1.000 personas fueron "privadas de libertad" en el CIE de la Zona Franca, de las cuales 38 eran presuntos menores: la fundación tiene constancia de que había seis reconocidos como tal que pasaron a la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la Generalitat (Dgaia).
También critica que se interna a personas con problemas psiquiátricos y con discapacidad, y es que asegura que los voluntarios visitaron a 14 personas con enfermedades físicas y 14 con algún trastorno o enfermedad mental, entre ellas un caso de sordomudez.
INCREMENTO DE IDENTIFICACIONES
El informe también recoge que casi el 25% de las personas visitadas manifestaban que se les había solicitado la documentación en la vía pública o en el transporte público: "Este aumento respecto a años anteriores parece coincidir con el incremento de identificaciones discriminatorias por perfiles étnicos y raciales".
En esta línea, se refiere a los operativos de prevención de robos desarrollados en Barcelona a partir de agosto, "que han sido de facto operaciones de identificación de personas en situación administrativa irregular", puesto que asegura que el 87% de estas detenciones han sido por infringir la Ley de Extranjería.
Migra Studium también ha constatado que ha crecido el número de internos que tenían algún vínculo "fuerte" con el territorio, puesto que hasta 32 internos manifestaron tener cónyuge o pareja de hecho en España, hijos españoles menores de edad o hijos extranjeros menores a su cargo.
Con todo, la fundación insiste en criticar que en estos centros se desarrolla una gestión arbitraria, con un ambiente "lleno de irregularidades, amenazas, intimidaciones, agresiones entre internos y casos en que los internos manifestaban haber sufrido un tracto racista, degradante o intimidatorio o incluso haber sufrido agresiones físicas por parte de los agentes de la Policía Nacional".
Por eso Migra Studium pide aplicar una mirada retrospectiva para convencer de que mantener el CIE abierto "no es solo ineficiente, sino profundamente injusto, pues es un espacio de arbitrariedad y de vulneración de derechos".
Y tras el cierre del centro por el coronavirus el 19 de marzo, cuestiona su función: "Estamos experimentando que podemos vivir sin CIE, es decir, sin privar de libertad a ninguna persona por una simple falta administrativa".
