BARCELONA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
CiU ha pedido el cese del Interventor General de la Generalitat, Josep Maria Portabella, y de la directora general de Patrimonio de la Conselleria de Economía, Immaculada Turu, por la pérdida patrimonial de 5,8 millones de euros que supuso el proyecto del hotel del Palau de la Música, tras conocer las "irregularidades" que, a su juicio, ha constatado la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) en su informe sobre la comisión parlamentaria del caso.
En todo caso, el portavoz de CiU en la Cámara catalana, Oriol Pujol, ha dejado en manos del conseller de Economía, Antoni Castells, o del propio president de la Generalitat, José Montilla, la depuración de esta u otras responsabilidades en el citado departamento.
Acompañado por los diputados Francesc Homs y Jordi Turull, Pujol ha explicado en rueda de prensa que incluirán esta petición en el documento de conclusiones que han elaborado, en el que también destacarán la "desaparición" de cuatro millones de euros del Consorcio del Palau y la existencia de créditos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) justificados con facturas falsas.
Por ello, en su informe concluyen que el Govern ha incurrido en dos "graves irregularidades", por valor de 11 millones de euros: una falta de control del destino de los recursos públicos y efectuar una operación especulativa para beneficio de un tercero privado.
En este sentido, tal y como ha reiterado Pujol, la comisión de investigación ha sido un "tribunal político" contra la federación. "CiU ha puesto los comparecientes, y el PSC ha puesto la gente imputada en el proceso del hotel", ha subrayado el dirigente de la federación, quien ha apuntado que ni el tripartito ni el PP han demostrado "ninguna de las acusaciones, confabulaciones y triangulaciones malévolas" planteadas.
Es más, para el portavoz parlamentario, la comisión se ha girado "en contra" de los intereses del tripartito y ha recordado las declaraciones del presidente de la OAC, David Martínez Madero, para insistir que las comisiones no se crean para investigar a la oposición, sino a los gobiernos.
Además, en el transcurso de la comisión se ha puesto en evidencia los "silencios" del tripartito cuando ha impulsado la investigación del caso Palau pero no la de los informes del Govern, tampoco la del caso Pretoria ni la aceptación de determinadas comparecencias, como la del cuarto teniente de alcalde, Ramon Garcia-Bragado, entre otros.
En las conclusiones, también incluyen un apartado de propuestas de mejora, entre las que incluyen las que propone el informe de la OAC, especialmente las relacionadas con la aplicación de un mayor rigor en el control del destino del dinero público.
También ven necesario establecer una obligación legal para que la Intervención de la Generalitat tengan que emitir informes especiales cuando la Sindicatura de Cuentas determine la posible existencia de irregularidades, aunque sean administrativas.
Proponen, además, que los diputados puedan acceder a toda la información del Parlament para poder ejercer su función de control al Govern, así como la obligación de acreditar el gasto vinculado a recursos públicos. También instan a modificar el reglamento del Parlament para adecuar la normativa de las comisiones de investigación a su "verdadera" función, el control de la accion del Govern.
