La comisión de Ciutat Vella podrá investigar licencias de otros distritos desde el 2000

TURISME DE BARCELONA

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Barcelona y la oposición han alcanzado un acuerdo para que la comisión sobre las presunta trama de tramitación irregular de licencias de Ciutat Vella también pueda investigar expedientes de otros distritos desde el año 2000 siempre que haya "evidencias documentales o indicios racionales que lo justifiquen".

El pleno de este viernes tiene previsto aprobar una proposición a instancias del PP para constituir la comisión, que contenta a la oposición porque no se limita sólo a expedientes de Ciutat Vella entre el 2005 y el 2010, como quería el bipartito, que a su vez subraya que ha podido acotar los trabajos de la comisión, han explicado a Europa Press fuentes de los grupos.

De esta manera el bipartito se ha salvado de ver cómo la oposición en bloque --PP, CiU y ERC, que suman mayoría-- forzaba al Gobierno municipal a una comisión de investigación según sus criterios en el pleno de este viernes, ya que el bipartito seguía apostando por una comisión que tratara expedientes de Ciutat Vella desde el 2005.

A diferencia de la comisión de investigación sobre la tramitación urbanística del hotel del Palau de la Música, que se había fijado un plazo de dos meses, esta comisión nacerá sin fecha de cierre de sus trabajos, que si es necesario podrán alargarse más allá de las elecciones municipales de mayo.

En un encuentro con periodistas poco antes de cerrarse el acuerdo, la portavoz del Gobierno municipal, la socialista Assumpta Escarp, ha explicado que las sesiones tendrán "carácter público" y que sólo de Ciutat Vella se pueden tratar sobre 45.000 expedientes desde el 2005, a excepción de los más de 200 que están a manos de la juez que investiga la trama.

En este bloque de documentos se incluyen expedientes de otorgamiento de licencias de obras, de ocupación, licencias de actividades y de apartamentos turísticos, y los de inspección y control de la legalidad urbanística y de actividad.

Escarp se ha mostrado favorable a encargar una auditoría, decisión que deberán tomar los grupos, aunque ha advertido de que podría alcanzar un coste de 4 millones de euros. Además, la comisión podrá requerir la comparecencia de funcionarios --que acudirán voluntariamente siempre que lo permita su estatuto-- y externos, que acudirán voluntariamente.

En un comunicado, el PP ha resaltado que ha conseguido consensuar la comisión sin limitaciones con los grupos, y su portavoz, Àngels Esteller, ha subrayado que "se consigue establecer una comisión equilibrada".

Esteller ha destacado que quieren "garantizar que las conclusiones se eleven al plenario", ya que ha logrado que deban ser aprobadas en el pleno por mayoría --no cualificada como quería el bipartito--, y que se recogerán en un dictamen que incluirá votos particulares.

Por la trama están imputados el ingeniero Joaquim Quílez, el funcionario Heliodoro Lozano --que había sido jefe de servicios técnicos de Ciutat Vella-- y la funcionaria Elena Ariza --que había ocupado diversos cargos técnicos en Ciutat Vella; el último, como secretaria técnico-jurídica--.