BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Barcelona prevé presentar en junio las conclusiones de la comisión de investigación sobre presuntas irregularidades en el anterior mandato en ámbitos como Urbanismo, que ha celebrado este martes su primera sesión pública.
Esta primera sesión de la comisión, presidida por Santiago Alonso (Cs), se ha centrado en Barcelona Regional (BR) y ha contado con la intervención de las letradas municipales Rosa Maria Sánchez y Carme Torres; del subdirector de BR, Juan Carlos Montiel; y del auditor Jordi Vicente.
La Fiscalía interpuso una querella por la contratación fraudulenta de dos trabajadores, con una implicación patrimonial de 214.000 euros --al exalcalde de Cervelló (Barcelona) Jesús Arévalo y al vocalista de los Sírex y exedil de CiU, Antoni Miquel Cerveró 'Leslie'--, mientras que archivó el resto del expediente, con supuestas irregularidades de las que informó el Gobierno de Ada Colau.
El teniente de alcalde Jaume Asens ha pedido hacer un esfuerzo para iniciar la comisión con "una mirada limpia, intentando evitar al máximo tener una idea preconcebida" y evitar convertirla en un instrumento partidista, aunque ha dicho tras la presentación de la auditoría que su conclusión preliminar es que la gestión de BR fue opaca.
El concejal socialista Daniel Mòdol, en el ejecutivo municipal, ha defendido el trabajo de BR y a la entidad, y ha acusado a su socio de gobierno de tener "cierta obsesión por buscar, ahí donde tal vez no hay nada, la culpa de quien gobernó en el mandato anterior".
DEFENSA DEL GRUPO DEMÒCRATA
Desde grupo Demòcrata, Jordi Martí que ha dicho que no es fácil celebrar la comisión dado que parte del Govern cesado está encarcelado, se ha mostrado convencido de la buena gestión global del anterior mandato, y ha avisado de un "intento de desgastar" y de manchar la imagen del ejecutivo del exalcalde Xavier Trias, y en especial del exteniente de alcalde Antoni Vives.
La líder municipal de Cs, Carina Mejías, ha pedido dirimir responsabilidades políticas porque "hay evidencias claras" de irregularidades, que ha asegurado que han costado más de un millón de euros a los barceloneses, y se ha preguntado en qué se han beneficiado los ciudadanos de esta gestión.
El republicano Jordi Coronas ha criticado que la investigación se limite al mandato anterior y no se amplíe a otros, y ha señalado que la comisión servirá para comprobar si la actuación en BR fue negligente o si se trata de prácticas habituales derivadas de los ritmos y la lentitud de los procedimientos administrativos.
El popular Javier Mulleras ha coincidido en criticar que la investigación no se haya extendido a mandatos anteriores liderados por alcaldes socialistas y se ha preguntado si existe un pacto de silencio para no abordar el asunto, tras lo que ha dicho que BR ha sido "una caja negra que no se ha podido fiscalizar".
Maria José Lecha (CUP), que ha criticado mantener este debate dada la situación política, ha señalado que cuando su grupo entró en el Ayuntamiento se percató de la cantidad de servicios que el consistorio tenía externalizados, con un entramado que "da pie a una opacidad que a veces es difícil de controlar".
El concejal no adscrito Gerard Ardanuy (Demòcrates) ha preguntado si existían mecanismos de fiscalización preventivos para evitar prácticas irregulares --algo que no existía en BR por parte del Ayuntamiento, ya que no tiene una participación mayoritaria--, y ha pedido poner en marcha dispositivos de este tipo para evitar que se produzcan.
Forman parte de BR el Ayuntamiento, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Adif, Aena, la Autoridad Portuaria de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca, Mercabarna, Regesa, Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona y Transports de Barcelona.