CiU y PP piden la dimisión de Bragado y ERC insta a que los grupos "reconozcan el error"
BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
La comisión de investigación del Ayuntamiento sobre la tramitación urbanística del hotel del Palau de la Música no ha conseguido este lunes cerrar unas conclusiones y elevar un dictamen para votarlo en el pleno de este viernes, fecha límite que se han dado para alcanzar algún acuerdo.
El presidente de la comisión y primer teniente de alcalde, Jordi William Carnes, ha lamentado que los grupos no sean capaces "de discernir entre la crítica política y una propuesta de recomendaciones". Ha subrayado que "más allá de tirarse los platos a la cabeza", deberían ser capaces de llegar a algunas recomendaciones, ya que esa era "la filosofía y la voluntad" de la comisión, creada a principios del pasado julio.
Todos los grupos han presentado sus propias conclusiones. CiU y PP han pedido la dimisión del teniente de alcalde Ramon García Bragado, y ERC se ha limitado a pedir "responsabilidades de carácter técnico y político" sin especificarlas. El PSC, por su parte, ha defendido la "honorabilidad y total inocencia" de Bragado, del gerente municipal Ramon Massaguer y del director jurídico de Urbanismo, Enric Lambies, todos ellos imputados por el caso del hotel.
La comisión tuvo su primera reunión el 2 de julio y las comparecencias finalizaron el 6 de octubre. Entre otros trámites los grupos encargaron una auditoria externa a tres expertos, cuyas conclusiones fueron presentadas el 17 de septiembre. Sin embargo la comisión se ha encontrado ahora con muchas dificultades a la hora de emitir un dictamen conjunto.
Ricard Martinez (ERC) ha lamentado que no haya sido posible llegar a un dictamen consensuado. En sus conclusiones, ERC asegura que el proceso de la Modificación de Plan General Metropolitano del hotel y entorno ha estado "viciada desde el primer momento" y que el interés público del proyecto no estaba justificado y ha instado todos los grupos políticos que "reconozcan públicamente el error cometido para dar un mensaje de claridad y confianza a la ciudadanía".
Desde el grupo de ICV-EUiA, Joaquim Mestre ha subrayado que "era imprescindible" conocer la cesión de la titularidad a Olivia Hotels porque "tenía relevancia política aunque no la tuviera a nivel urbanístico". En sus conclusiones, considera "incomprensible" que, conociéndose la cesión por los Servicios Jurídicos de Urbanismo a principios de 2008 --tal y como manifestó Lambies-- no se pusiera esta información al alcance de la dirección de Urbanismo ni de los grupos municipales.
Angels Esteller (PP) ha lamentado que se intente "imponer una línea" de conclusiones y ha destacado que la auditoría encargada por la comisión "es un buen documento pero no el único en el que basarse", ya que, ha asegurado, los propios auditores admitieron que hubo puntos "en los que no tuvieron acceso a toda la documentación".
En la misma línea que ICV-EUiA, el PP cree en sus conclusiones que el cambio de titularidad era un hecho "de gran trascendencia porque ha condicionado toda la tramitación urbanística" y que el Ayuntamiento "tenía vías suficientes para conocerla". Afirma que, "pese a conocer el cambio de titularidad", el consistorio realizó dos informes, en abril de 2008 y mayo de 2009, en los que constaba que el propietario era el Palau, por lo que piden la dimisión de Bragado.
Joan Puigdollers (CiU) ha asegurado que desde un primer momento "había premeditación" en toda la gestión del proyecto y una voluntad de "ocultar la titularidad" por parte de Olivia Hotels, y que el interés público no estaba justificado. Consideran que la comisión de investigación ha puesto de manifestó "una preocupante confusión municipal" y una "falta de comunicación" entre los miembros del Govern", por lo que también han pedido la dimisión de Bragado.
PSC: "ACTUACIÓN CORRECTA"
Por su parte, Francesc Narváez (PSC) ha lamentado que algunos partidos políticos ya hubieran "hecho las conclusiones antes de que empezara la comisión". "Es una práctica habitual de la derecha de nuestro país", ha criticado Narváez que ha mostrado su sorpresa de que también se ponga en tela de juicio "la honorabilidad de los tres expertos que han realizado la auditoría".
Desde el PSC consideran que la actuación del sector de Urbanismo "ha sido absolutamente correcta desde el punto de vista técnico y jurídico" y que las conclusiones deben manifestar "con contundencia y convicción la honorabilidad" de Bragado, Massaguer y Lambies.
