Condenan a la Generalitat a indemnizar a la familia de un joven muerto en accidente en la C-59 en 2021

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la madre de un joven fallecido en un accidente de tráfico la noche del 19 de noviembre de 2021 en la C-59 y condena a la Conselleria de Territorio de la Generalitat a indemnizar a la familia al apreciar una concurrencia de responsabilidades.

En la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, que ya es firme, la Sección 4 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC declara la responsabilidad patrimonial de la Conselleria de Territorio al atribuirle el 50% de la culpa por las deficiencias en las medidas de seguridad de la vía.

La madre de la víctima, representada por el abogado penalista Ángel Aso, emprendió acciones legales al entender que, aunque la salida de la vía quizás fue inevitable, sí que podría haberse evitado el desenlace fatal si hubiesen existido elementos de protección que frenaran la caída del vehículo por un barranco.

Ahora, el TSJC reduce la indemnización al 50% de lo solicitado por la demandante, pero reconoce el incumplimiento de las obligaciones de la Administración titular de la vía, como defendía la familia, que estudia donar la totalidad de la cuantía a una organización que defienda causas similares a la suya.

ARGUMENTOS

En su recurso, Aso alegó, según el atestado policial elaborado por los Mossos d'Esquadra, la existencia de una causalidad entre el accidente que costó la vida a la víctima, que acababa de cumplir 21 años, y el funcionamiento y mantenimiento del servicio público de carreteras.

El abogado se basó en el informe del cuerpo policial, que si bien recoge que el vehículo salió gradualmente del carril tras trazar la curva de manera correcta durante 50 metros, reconoce que la visibilidad en ese tramo se reducía a 50 metros y que no había iluminación artificial, lo que provocaba en los conductores la pérdida de "agudeza visual y una errónea percepción en el trazado de la vía".

En el atestado también se constataba una "falta de señalización vertical de curva peligrosa hacia la izquierda" en aquel punto concreto, que carecía de barreras, y donde ya se habían producido otros accidentes.

El letrado aseguraba que la Administración tenía "conocimiento" de la peligrosidad del tramo, negaba la existencia de un nexo causal entre una acción de la víctima y el accidente que le costó la vida, y reclamaba una indemnización para la familia por los daños morales causados.

Por su parte, el Abogado de la Generalitat, en representación de la Conselleria de Territorio, así como su aseguradora, pidieron a la Sala que desestimara íntegramente el recurso alegando que la Administración no faltó a sus obligaciones "de señalización y seguridad de la carretera" y que la responsabilidad fue exclusivamente del conductor por una negligencia en la conducción.

Finalmente, el tribunal ha concluido que las causas del accidente mortal son "imputables a ambas partes", pues sostiene que ha quedado acreditado que el conductor fue responsable de la salida de la vía, pero que los elementos de contención de la carretera eran ineficaces por no cubrir en su totalidad el espacio donde la víctima perdió el control del vehículo.

"NO PUEDE VOLVER A PASAR"

En un vídeo recogido por Europa Press, la madre de la víctima ha explicado que decidió acudir a los tribunales porque consideraba que se había producido una injusticia y que si ahora ha hecho pública la sentencia es porque "se debe saber que hay una Administración que no actuó como debía de actuar y, sobre todo, para que haya conciencia de que esto no puede volver a pasar".

La madre lamenta el estigma que todavía pesa sobre las víctimas de accidentes de tráfico, a las que se suele atribuir la totalidad de la culpa, y subraya que aunque apoya las campañas para concienciar a los conductores, echa en falta una que recuerde a las Administraciones que deben hacer su trabajo.

Por todo ello, anima a quienes se encuentren en una situación similar a la suya a que pidan asesoramiento jurídico y a que no se echen atrás por el hecho de tener que enfrentarse a la Administración, a la que solicita más recursos, transparencia y responsabilidad en caso de negligencia.

"He impulsado esta demanda porque creía firmemente que se debía hacer justicia, por su honor y porque su muerte debe servir para algo, y si sirve para que un solo accidente se evite y ponga en alerta a las Administraciones ya ha valido la pena", concluye.