BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya (CGEC) ha avalado en un dictamen el requerimiento de incompetencia que presentó la Generalitat a finales de agosto ante el Gobierno central por el real decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y de Bachillerato.
Este organismo considera que el decreto vulnera la competencia de la Generalitat en materia educativa y la materia en lengua propia, y este dictamen permitirá al Govern plantear un conflicto de competencia ante el Constitucional por esta norma, ha informado este lunes la Conselleria de Enseñanza en un comunicado.
La Conselleria de Enseñanza se ha mostrado contraria a las 'reválidas' desde la aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) porque condicionan las posibilidades académicas y no tienen en cuenta la evolución del alumno.
La consellera de Enseñanza, Meritxell Ruiz, ha recordado que quien debe evaluar al alumno y si obtiene o no un título es el profesorado, "no un examen de un día", y ha señalado que no tiene sentido condicionar la obtención de un título a un examen externo.
El Consell concluye en su dictamen que el real decreto vulnera la competencia en materia educativa del Estatut en relación a los artículos que tratan sobre las características, el diseño y el contenido de las pruebas, sobre las unidades de evaluación, y sobre los objetivos y grado de adquisición de competencias.
El Govern ha recordado que ya reprochó que el real decreto vulnera esta competencia porque regula la prueba "de forma demasiado detallada" y que el Estado debería limitarse a regular las bases y no su desarrollo.
"VACÍA DE CONTENIDO" LA COMPETENCIA CATALANA
La Generalitat considera que el Estado se excede en la regulación básica estatal y "se vacía de contenido" la competencia del Ejecutivo catalán para regular las pruebas y asume incluso funciones ejecutivas en el diseño y determinación del contenido cada año de las pruebas.
Sobre la opción lingüística por parte de los padres de elegir la lengua --castellano o catalán-- que propone el decreto, el Consell de Garanties dictamina que vulnera el régimen lingüístico establecido en el Estatut, que señala que el catalán tiene que utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo, y la competencia de la Generalitat en materia de lengua propia.
La Generalitat ha remarcado que ya criticó este derecho de opción lingüística cuando interpuso el requerimiento de incompetencia, ya que considera que el decreto estatal realiza una "regulación expresa de la lengua en que podrá realizarse" la prueba.
