Pide más concreción en los requisitos que deben cumplir los distribuidores
BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Garanties Estatuarias avaló hoy el proyecto de Ley del Cine Catalán impulsado por el Govern, porque considera que no vulnera en ningún momento ni la Constitución ni el Estatut. De esta forma, podrá aprobarse en los últimos plenos de la legislatura.
El PP catalán llevó el proyecto de ley ante el Consell de Garnaties, al considerar que vulneraba la libre competencia e iba "en contra de la sociedad y la industria catalana al no respetar la libertad lingüística", al imponer cuotas sobre la presencia de cine en catalán en la distribución.
Todos los miembros del Consell de Garanties votaron a favor del dictamen con la excepción de Julio Añoveros, elegido a propuesta del PP catalán.
En su recurso, el PP consideró que el proyecto de ley del tripartito que establece cuotas del 50% en la distribución de películas atenta contra competencias del Estado en materia de comercio exterior, la libre circulación de servicios que establecen las directivas europeas, y también contra el principio de libertad de empresa.
Ninguno de estos argumentos es válido, según el Consell de Garanties, quien en su dictamen emplaza al Govern a concretar una parte del proyecto de ley porque lo ve inexacto.
Así, la norma dice que las distribuidoras de cine deben garantizar el equilibrio lingüístico "atendiendo a criterios de población, territorio y presencia de pantalla", que deben concretarse en un posterior reglamento. También debe garantizarse el "equilibrio" entre catalán y castellano en la publicidad.
PIDE PRECISIÓN
A juicio del Consell de Garanties, se trata de criterios "vagos" y que en su reglamentación pueden dar incluso a situaciones contradictorias. Por ello, pide que en el texto que se apruebe "sería conveniente reducir la ambigüedad de estos criterios generales precisándolos".
Sin embargo, esta concreción debe ser la adecuada, ya que, si es excesiva, "podría ser declarada ilegal e inconstitucional" al atentar contra la libertad de empresa "de forma desproporcionada".
El dictamen recuerda que las Cortes y las instituciones europeas han aprobado cuotas de pantalla en la distribución. Así, la actual directiva europea dice que el 25% del total de las sesiones programadas deben ser de obras comunitarias.
Las cuotas lingüísticas no son en ningún caso una restricción en el comercio exterior ni a la importación, según el dictamen, porque se trata de un requisito que afecta a la distribución y exhibición, no a la producción de películas. Además, la norma tampoco discrimina a los exhibidores, productores y distribuidores en función de la nacionalidad.
El dictamen también resalta que la Generalitat tiene competencia plena en la normalización lingüística del catalán, algo que ya se establecía en el Estatut de 1979.
