BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El director gerente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, Jordi Escalé, ha admitido que los ordenadores usados para la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 se entregaron después del veto del Tribunal Constitucional (TC) del día 4.
Fuentes judiciales han explicado que Escalé ha asegurado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que los ordenadores se enviaron a una serie de empresas que se encargaron de instalar el software que se usó para la consulta y esto se hizo entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre, con lo que el reparto de los mismos se tuvo que hacer con posterioridad.
El TSJC trata de esclarecer si la Generalitat continuó participando en la organización de la consulta tras el veto del Constitucional, para comprobar si el presidente de la Generalitat ahora en funciones, Artur Mas; la vicepresidenta del Govern Joana Ortega y la consellera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, cometieron un delito de desobediencia.
Sobre su papel el 9 de noviembre, Escalé ha reconocido que ese día estaba de guardia pero no por la organización en sí de la consulta sino por los ataques informáticos que ha asegurado se estaban produciendo.
También ha declarado como testigo la responsable del Centro de Iniciativas para la Reinserción (Cire), Elisabeth Abad, --este centro se encargó de elaborar las cajas de cartón que sirvieron como urnas--, y cuya testifical también pidió la Fiscalía para saber qué papel jugó la Generalitat en la consulta tras el veto del Constitucional.
Abad ha explicado que el día 30 de octubre las urnas se entregan ya a las empresas de distribución pero sin quedar claro cuándo se distribuyen estas, según han explicado fuentes judiciales.
PÁGINA WEB
Ha declarado también como testigo el responsable logístico del 9N, Joan Cañada --que ha estado arropado por la exvicepresidenta Joana Ortega hasta la puerta del TSJC--, al que Fiscalía y el magistrado Joan Manuel Abril han preguntado especialmente por la página web puesta en marcha para la consulta --participa2014--.
Cañada ha defendido que la página web no se volvió a actualizar después del veto del Constitucional pero tampoco se cerró, según él porque no tenía sentido hacerlo ante la dificultad de que se encontraba alojado en multitud de servidores en el extranjero, precisamente para prevenir ataques informáticos.
