BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) criticó hoy la sentencia sobre el llamado sumario 18/98 de la Audiencia Nacional, en la que se considera que organizaciones como Ekin y KAS forman parte del entramado de ETA, por múltiples "irregularidades" detectadas durante la instrucción del caso y el juicio, que han "contaminado" el proceso.
En un comunicado público, la Comisión y la Asociación Catalana en Defensa de los Derechos Humanos (ACDDH) mostraron su "profunda preocupación" por que se rompa la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional que determina que, para considerar a alguien o a alguna organización miembro o colaborador de ETA, tenía que existir una "relación directa" entre ambos y no sólo confluir en los objetivos políticos.
El ICAB lamentó que se "penalicen" los objetivos y no los medios de los encausados y que la justicia actúe "sobrecargada de valores políticos más que jurisdiccionales". "Se consolida un derecho penal de autor, que persigue ideologías en lugar de hechos", criticó.
La comisión ha tenido observadores acreditados durante el juicio y criticó muchos de los procedimientos formales que se han llevado a cabo, como la "proposición y práctica de las pruebas en el juicio oral", que, a criterio del ICAB, ha sido "caótica y viciada por numerosas irregularidades procesales".
Entre algunas de las "anomalías", se produjeron "numerosos errores en la identificación de los testigos, comparecencias de personas que no tenían nada que ver con la causa" y la entrega a la defensa de más de 200.000 hojas de pruebas sin ordenar sólo seis días antes del inicio del proceso oral.
Igualmente, cuestionaron la "imparcialidad" de los "pretendidos 'peritajes'", elaborados por agentes policiales que participaron en los registros de decenas de locales y domicilios ordenados por el juez Baltasar Garzón. "Los peritos declararon en grupo, anónimamente, y se pudo comprobar que los que declaraban no habían participado en la confección del informe que ratificaban", recriminaron.
La incorporación de documentación cuando ya se había iniciado el juicio oral o la práctica de interrogatorios a acusados que todavía no estaban encausados, podrían ser motivo de nulidad judicial, según la opinión de los juristas catalanes, así como las conversaciones telefónicas intervenidas sin autorización judicial.
Las entidades también criticaron el trato dado a los acusados, que ha significado una "completa distorsión de la vida laboral y familiar", al tener que desplazarse semanalmente desde Euskadi a Madrid, aunque la sesión del juicio no les afectara "en absoluto".
Por último, también criticaron la decisión de ordenar el ingreso en prisión, al considerar que no está "suficientemente motivada" y que la sentencia no es firme y es recurrible ante el Tribunal Supremo.
Por todo ello, la comisión y la asociación consideran que todo el proceso ha evidenciado "falta de equilibrio, imparcialidad y equidistancia" de la Audiencia Nacional, "incompatible con su función jurisdiccional".
