Entidades piden al Parlament un grupo de trabajo para abolir las contenciones mecánicas en prisión

Representantes de la red Dret i Presó, formada por 10 entidades que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en prisión, han solicitado reunirse este martes con los portavoces de justicia de los grupos parlamentarios --el PSC y Junts lo han declinado-- para impulsar la creación de un grupo de trabajo con el objetivo de abolir las contenciones mecánicas en las cárceles catalanas.

Así lo ha explicado el profesor de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona y director del Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos, Iñaki Rivera, en una rueda de prensa en el Parlament junto a otros representantes de la red, en la que ha hecho referencia la existencia de dos informes recientes sobre esta práctica.

El primero al que ha hecho mención es un informe del 18 de julio del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que recomienda a España revisar la normativa de contenciones mecánicas con el objetivo de avanzar "inmediatamente" hacia su abolición.

El segundo, del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que "por primera vez" ante la desobediencia sistemática del gobierno catalán a las recomendaciones internacionales, activa un procedimiento extraordinario para romper la confidencialidad de las relaciones entre el Consejo y el Estado Español y hacer una declaración pública criticando esta práctica, según Rivera.

El académico ha añadido que en este informe se reconoce el descenso constante y sistemática de las contenciones mecánicas en las prisiones españolas, mientras que en "Catalunya pasa exactamente lo contrario, donde se constata durante toda la última década un aumento".

La miembro de la Comisión de Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo sobre el estudio de salud mental y prisiones de la asociación Justicia i Pau, Núria Sastre, ha recordado que aproximadamente el 50% de las personas privadas de libertad tienen patologías mentales, algunas previas a su ingreso y otras derivadas de la "dureza" del régimen cerrado y que la Administración no tiene suficientes recursos o medios para tratarlas de forma adecuada.

Por eso, ha dicho que se estima que entre el 40% o el 50% de las personas que han sido sometidas a contenciones mecánicas tenían patologías mentales: "Cuando se producen no hay tiempo para que el funcionariado consulte los antecedentes médicos".

Ha subrayado que se trata de una práctica "degradante y cruel", que la salud se verá gravemente afectada después de esta experiencia, y ha recordado que la Constitución Española prohíbe los tratos inhumanos y degradantes, por lo que debe abolirse de forma total y deben buscarse alternativas, en sus palabras.

EL VÍDEO DE BRIANS 1

El abogado David Aranda, de Arrels Advocats e integrante de Alerta Solidària, ha hecho referencia al vídeo publicado por 'La Directa' sobre la contención mecánica a una interna en Brians 1, en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), en diciembre de 2024.

Sobre la respuesta del conseller de Justicia, Ramon Espadaler, al ser preguntado por este hecho ha dicho que hay una cierta "ocultación de la verdad" al decir que la jueza valoró la legalidad penal de la contención y que les preocupa que hable de corrección con respecto a esta práctica, porque denota que se trata de una política sistemática y persistente en las prisiones catalanas.

El penalista ha asegurado que las contenciones mecánicas "no se encuentran avaladas legalmente", dado que no figuran ni en la Ley Orgánica General Penitenciaria ni en el Reglamento Penitenciario.

Sobre el caso concreto de Brians 1, ha dicho que no hubo perspectiva de género porque los funcionarios que redujeron a la presa eran hombres, que se aplicó por cuestiones regimentales y no médicas, como castigo y no para evitar que se hiciese daño a sí misma u a otros presos, y que era completamente innecesaria: "A través de una política o estrategia de desescalada de conflictos se podría haber evitado".

También ha criticado que se le suministrara medicación a la interna sin informarla y ha dicho que se podría haber puesto fin "mucho antes" de lo que se hizo y que, de todas formas, existen otros mecanismos menos lesivos, como salas acolchadas.

Ha añadido que la interna pidió agua, una petición que no fue escuchada, sin que se haya determinado si fue porque el interfono no funcionaba o si fue porque no había nadie al otro lado, y que también dijo que tenía frío y nadie le entregó una manta: "Son pequeños elementos que hacen todavía más perjudicial esta situación de contención mecánica, que ya de por sí es suficientemente desagradable".

Por todo ello, han reclamado la creación de un grupo de trabajo que suponga la creación de un grupo de estudio e investigación, integrado por expertos de la administración penitenciaria, médicos, psiquiatras, integrantes de entidades, internos que hayan sufrido esta práctica y familiares y han pedido al Parlament que vote a favor.