La Mesa del Tercer Sector Social reivindica su rol ante los partidos
BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
Entidades del sector social en Catalunya, que en su conjunto suponen un 2,8 por ciento del PIB, han alertado de las dificultades que atraviesan por el aumento de la burocracia en la solicitud de subvenciones a raíz del 'caso Palau', y por los retrasos endémicos en sus cobros, en pleno aumento de la demanda de servicios sociales por la crisis.
En una entrevista de Europa Press, la presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social de Catalunya, Àngels Guiteras, ha advertido de que el aumento de la burocracia ha disparado los costes de gestión de las entidades, por lo que "hay menos dinero para el usuario final".
"Algunas entidades ya no piden subvenciones porque no les sale a cuenta", ha explicado, señalando que se requiere una estructura de personal para realizar los trámites. A su juicio, para prevenir fraudes tan sólo hacía falta aplicar los mecanismos de control existentes antes de que se destapase el desvío de fondos del Palau de la Música.
Las entidades "no tienen límite" a la hora de dar respuesta a las necesidades sociales y sortean la falta de recursos con "creatividad", ha subrayado, y ha apuntado que sin el Tercer Sector Social, que atiende a 1,7 millones de personas, se agravaría significativamente la pobreza en Catalunya.
Asimismo, la Mesa constata un mayor retraso en la convocatoria y pago de subvenciones por parte de las administraciones públicas por la crisis. "Las entidades financian a las administraciones", ha apuntado Guiteras, quien ha reclamado puntualidad en los pagos para que las entidades puedan seguir trabajando a favor de los más vulnerables.
DEBATE CON LOS PARTIDOS
Para exponer éstas y otras 33 reivindicaciones del sector la Mesa organiza este martes un debate con los representantes de partidos catalanes, que también expondrán ante las entidades sus políticas sociales para la próxima legislatura.
Guiteras ha explicado a Europa Press que sus las principales reivindicaciones del sector "no cuestan dinero", y que permitirían atender a más personas con los mismos recursos, aumentando la cohesión social.
Por ello, la Mesa reclama que en la contratación pública se comparen las ofertas con IVA incluido para atajar el agravio hacia las entidades sin ánimo de lucro, y que se introduzcan cláusulas sociales del valor añadido del Tercer Sector en estas contrataciones.
Además, pide que se reconozca a las entidades como "un agente social de primer orden", y que se permita su acceso a órganos como el Consejo de Trabajo Económico Social (Ctesc) y el Acuerdo Estratégico para la economía catalana.
Otras peticiones pasan por la creación de una figura que coordine al sector en el seno de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat, y un traspaso autonómico de los fondos del 0,7% del IRPF para fines sociales. "Nuestro trabajo revierte en la sociedad", ha reiterado la presidenta.
La Mesa agrupa a 7.500 entidades sociales en Catalunya, con más de 100.000 personas contratadas, 245.000 voluntarios, 1,7 millones de beneficiarios y una actividad económica que representa el 2,8 por ciento del PIB catalán. Entre 2003 y 2009 el número de entidades ha crecido en un 30 por ciento, el de personas contratadas se ha duplicado y la actividad económica se ha triplicado.
