El ex alcalde de Sitges se libra de la cárcel y pagará una multa de 12.000 euros por un vertedero ilegal

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Sitges Pere Junyent ha aceptado pagar una multa de 12.240 euros al reconocer que el vertedero que autorizó en un espacio natural protegido desde 1973 hasta 2005 era ilegal, pese haber firmado un escrito en 1999 en el que se comprometió a cerrarlo.

Durante el juicio celebrado este jueves en la Audiencia de Barcelona, el ex alcalde, de CiU, ha admitido los hechos, aunque el fiscal ha rebajado la pena que pedía --6 años de cárcel-- al cambiar la tipología del delito, de medioambiental a uno de depósito de residuos, y ha aceptado el atenuante de dilaciones indebidas atendiendo al retraso del juicio, cuyos hechos se circunscriben al periodo 1999 y 2002.

En el caso también está imputado un ex concejal de Urbanismo, Lluis Marcé, que ha defendido su inocencia al asegurar que la gestión del vertedero no era competencia suya, reconociendo que sí firmó unos documentos que permitían que se llevase runa de obras menores al lugar, aunque no sabía, según él, que no era legal. "El papel en el que el alcalde se comprometía a cerrar el complejo no llegó a entrar en el ayuntamiento y nadie sabía nada", ha afirmado.

En declaraciones a los medios a la salida, el ex concejal también ha cuestionado el hecho de que el entonces concejal de medioambiente, Marcel·lí Ginel, no fuera citado en ningún momento a declarar, y ha recordado que éste y el alcalde pertenecían al mismo grupo político --CiU--, mientras que él pertenece al partido Nuevos Horizontes, un grupo municipal.

Según el escrito del fiscal, el ex alcalde firmó un convenio en 1996 con la Diputación de Barcelona y con el ayuntamiento de Sant Pere de Ribes --donde se emplazaba el complejo-- en el que se comprometía a cerrarlo, y 1999 su consistorio redactó un escrito asegurando que estaba en desuso y en fase de clausura.

No obstante, varias denuncias alertaron de que la instalación no cumplía con los requisitos de seguridad medioambiental, siendo un potencial foco de incendios como demuestran las 21 denuncias presentadas por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat.

En 1996, a sabiendas de lo ilegal del complejo, firmaron el convenio citado para la clausura del mismo, que no cumplieron, por lo que la Diputación interpuso una denuncia en 1998 y la Generalitat la interpuso en 1999 cosa que motivó el escrito en el que se aseguraba que estaba en desuso y "fase de clausura", por lo que el Grupo Municipal Catalunya-Els Verds también formuló otra denuncia al constatar que no era así.

La apertura del controvertido vertedero se remonta a 1973, tras la cesión de los terrenos de un particular en Sant Pere de Ribes al ayuntamiento, que decidió instalarlo de forma ilegal, sin licencia y sin cumplir la normativa vigente de tales instalaciones ni en materia de prevención de incendios.

Junyent asumió el cargo de alcalde en 1995 junto con el también imputado Lluis Marcé, cuando el vertedero seguía funcionando de forma ilegal, enclavado en un espacio natural protegido.

Fue entonces cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) inspeccionó el lugar constatando que se seguía utilizando y que los residuos no habían sido retirados. En 2001 se vuelve a realizar una inspección y se descubre que ya no se depositan residuos, pero tampoco se retiran del lugar los que se depositaron.