Convocan una concentración el 30 de octubre para que cesen las muertes en las cárceles
BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
Familiares de presos fallecidos mientras estaban recluidos en cárceles catalanas se han unido con entidades de derechos humanos para criticar la "opacidad" en torno a estos casos y para reclamar cambios en el sistema de aislamiento --que puede llegar a superar los dos o tres años-- y en la comunicación a las familias.
En rueda de prensa, el codirector del Centro de defensa de derechos humanos Irídia y abogado de tres casos de muertes en aislamiento, Andrés García, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a las entidades a sumarse a la concentración que han convocado el martes 30 de octubre a las 18.30 en la plaza Sant Jaume bajo el lema 'No más muertes en prisión. Respeto a los derechos de las personas presas'.
Para promover esta movilización han hecho público un manifiesto en el que aseguran que las muertes en prisión son "un problema insostenible" y que, según datos de 2017, 41 personas murieron en cárceles de Catalunya: 19 por enfermedades, 8 por suicidio, 5 por sobredosis y 9 por causa desconocida.
Familias y entidades piden que el aislamiento, que supone estar encerrado solo de 18 a 22 horas diarias, no dure más de 15 días, como prevén las Reglas Mandela de la ONU, y no años como puede pasar ahora: según el miembro del Sistema de registro y comunicación para la protección de víctimas de violencia institucional (Sirecovi) Alejandro Forero, este régimen "genera mucho daño y nunca favorece la reinserción".
Asimismo, reclaman arrojar "más luz" a estos casos y que se investiguen mejor, así como que mejore los protocolos para informar a las familias, y puedan tener acceso a las investigaciones reservadas que abre la autoridad penitenciaria.
"Exigimos un cambio de paradigma", ha reclamado García, impulsando nuevas medidas como un grupo interno de trabajo para hacer una auditoría sobre como afecta el régimen de aislamiento, ya que asegura que el deterioro físico y mental del reo es muy grave cuando se está aislado.
La acción la impulsan Irídia, la Asociación de familiares contra la crueldad carcelaria, Sirecovi y la Coordinadora catalana para la prevención y denuncia de la tortura, que pedirán reunirse con la Conselleria de Justicia, con responsables de los grupos parlamentarios y con la recién creada Oficina pels drets civils i polítics de la Generalitat.
CASOS
En la rueda de prensa, Alba, la madre de Gina, una joven de 20 años que murió este agosto en Brians 1 estando en aislamiento, mientras cumplía prisión preventiva, ha explicado que su hija "murió siendo inocente", sabiendo que tenía problemas psiquiátricos, y que ahora a sus familiares se les está negando el derecho a aclarar qué le sucedió.
García, que lleva su caso, ha pedido una segunda autopsia y otras diligencias que le han sido denegadas por el juzgado, y están a la espera de la respuesta a un recurso presentado en la Audiencia de Barcelona.
En el caso de Lewis, muerto en noviembre de 2017 en aislamiento también en Brians 1, su madre, Bárbara, ha explicado que ella le visitó un sábado y que le notificaron su muerte el jueves siguiente pese a que su hijo tenía ganas de vivir y estaba bien, por lo que critica que nadie le dijo de qué pasó realmente: "Hay falta de respeto, hay irregularidades. Se han pasado".
El tercer caso, el de Raquel, que murió en 2015, llegará a juicio en un juzgado contencioso el 11 de diciembre y, según el abogado Andrés García, deberán declarar responsables del centro penitenciario, funcionarios y facultativos para aclarar qué le ocurrió, ya que se ha abierto un procedimiento administrativo a raíz de su demanda.
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