El fiscal denuncia a FCC y Copisa por fraude en el impuesto de sociedades en las obras del Dique

BARCELONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Delitos Económicos ha denunciado a las empresas FCC y Copisa por presuntamente cometer un delito fiscal por fraude en el impuesto de sociedades en las obras de ampliación del Dique Este del Puerto de Barcelona, una construcción desde hace meses bajo sospecha, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

Según consta en el escrito del fiscal, del 23 de febrero y admitido por la juez el 22 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, "como consecuencia de la facturación falsa de escollera" por parte de una de las sociedades suministradoras --Coterras--, FCC y Copisa, que integraban la Unión Temporal de Empresas (UTE) que construyó el dique, pudieron incrementar su base imponible y defraudar 800.000 euros entre las dos.

Así, considera que FCC defraudó 668.500 euros entre 2006 y 2007 en el impuesto de sociedades y Copisa, 167.000 euros en 2006.

Por estas presuntas irregularidades declararán este viernes dos representantes imputados de las sociedades en la UTE Dique Este ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, que instruye la causa.

Este martes han habido nuevas declaraciones en el juzgado por este caso, después de que la juez haya imputado ya a una veintena de personas por su presunta implicación en una trama sospechosa de cometer fraude fiscal y malversación de caudales públicos durante la construcción del dique.

La juez asegura en un escrito que de las investigaciones de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil se desprenden indicios "de que la cantidad de 6.394.718 euros abonados por la UTE Dique Este, contratada por la Autoridad Portuaria de Barcelona, a la empresa Coterras carecían de base alguna al no responder a un verdadero suministro de escollera y suponían un porcentaje de 3,24% del total de las obras encargadas".

DECLARACIONES

Un responsable de la UTE, Ramón V., de construcciones Rubau, ha certificado este martes ante la juez que la piedra de Coterras existe y que no pasaba por báscula como el resto de escollera porque la obra iba retrasada y para suministrar más rápido seguía un procedimiento diferente.

Así, la piedra de esta empresa llegaba en camión al muelle de inflamables --y no al muelle de tierra como el resto-- y allí se cargaba directamente en barcazas que tiraban la carga al mar para construir el dique.

La forma que tenía Ramón V., como jefe de ejecución, de asegurar que la cantidad de piedra que figuraba en los albaranes era la correcta era si coincidía con el número de barcazas que se llenaban, siguiendo un "control volumétrico".

Según fuentes judiciales, en su día el director de la obra imputado Xavier Martí ya indicó ante la Guardia Civil que existía la posibilidad en el contrato de la obra de seguir este sistema de medición de las piedras en lugar del sistema de pesado por báscula.

Para este martes también estaba prevista la declaración del ex subdirector general de Infraestructuras y Conexiones Intermodales de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) Rafael Escutia, cuya declaración se ha aplazado.

QUERELLA FISCALÍA

En su primera querella, el fiscal consideró que el fraude podría ser de 7,4 millones de euros, que corresponderían a la compra de piedra a la empresa subcontratada Coterras.

Sospecha que nunca existieron las 865.000 toneladas de piedra suministradas por Coterras a la UTE del total de 11,6 millones de toneladas que se necesitaron.

Así, considera que, al no existir este material que se facturó, al menos se produjo un delito de fraude fiscal ya que la UTE se pudo deducir el IVA de la compra de esta piedra, por valor de casi un millón de euros en dos años, y se basa para afirmarlo en un informe de la Agencia Tributaria, que ya empezó a investigar a Coterras en 2004, 2005 y 2006.

No obstante, el fiscal también presume que esta trama podría haber cometido un delito de malversación de caudales públicos ya que la UTE facturó a la Autoridad Portuaria hasta 11 millones de euros por esa piedra presuntamente inexistente.

La UTE facturó al Puerto unas explanadas auxiliares por valor de casi 18 millones como si se hubieran construido con piedra de cantera cuando en realidad se utilizaron escombros, un material de coste muy inferior, según añade el fiscal.