BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha erigido este lunes la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada el 18 de diciembre por la Cámara catalana, como instrumento útil para los ciudadanos y también para los defensores del pueblo.
"Es una ley que supera a la del Estado, mucho más atrevida y que abre las puertas de la administración a todos los ciudadanos, llegando hasta el último municipio de Catalunya", ha destacado De Gispert en la presentación de la 'VI Recopilación de informes de los Síndicos, Síndicas, Defensores y Defensoras locales de Catalunya 2013'.
Han acompañado a De Gispert el presidente del Fórum de Síndicos, Síndicas, Defensores y Defensoras Locales de Catalunya, Josep Giné; el de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, y el de la Federación de Municipios de Catalunya (FMC), Xavier Amor.
Buch ha cargado contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) estatal porque "hace daño a los ciudadanos, que quedarán desatendidos y lejos de sus servicios al caminar hacia la privatización".
En el mismo sentido se ha expresado Amor, y por ello ha defendido que la ley catalana de gobiernos locales debería ser una realidad lo antes posible: "Ya deberíamos tener la ley de gobiernos locales, que debería ir acompañada de una ley de financiación local para garantizar la prestación de servicios que necesitan los ciudadanos".
Ambos han coincidido en la figura de los síndicos locales como personas imprescindibles para tratar de cerca los pequeños problemas de los ciudadanos a partir de la mediación, el acompañamiento y el asesoramiento.
El Fórum de Síndicos, Síndicas, Defensores y Defensoras Locales de Catalunya, que cumple este año su 25 aniversario, es una asociación privada sin ánimo de lucro que acoge actualmente a 42 defensores, con lo que el 4,3% de los municipios catalanes cuenta con un síndico local, si bien y debido a la dimensión de las ciudades se atiende a más del 52% de los catalanes, cerca de cuatro millones de personas.
En 2013, los síndicos locales recogieron 16.570 actuaciones, de las que 13.642 fueron consultas, 2.737 fueron quejas --el 90,6% admitidas a trámite-- y 139 actuaciones de oficio, y de las recomendaciones emitidas, el 82% fueron aceptadas total o parcialmente.
FALTA DE RECURSOS
De la recopilación se extrae que "los recursos municipales son insuficientes para atender y responder a las necesidades de la ciudadanía, y que también esta situación de crisis ha puesto de manifiesto que la fiscalidad municipal ha entrado en contradicción", ya que el desequilibrio de las tasas de las ordenanzas, en los valores teóricos del catastro en relación al valor real de las viviendas o la misma gestión de las plusvalías cuando se produce una ejecución hipotecaria o dación en pago son temas aún no resueltos actualmente por las administraciones locales.
Giné se ha mostrado preocupado por la crisis, "que afecta a los derechos sociales, degradando la calidad de vida por la que se ha luchado tantos años, haciendo a los pobres más pobres y a los ricos más ricos".
Así, ha lamentado que uno de cada tres niños no disponga de los recursos mínimos para su crecimiento, y que los jubilados no vean incrementar su pensión, en muchas ocasiones el único sustento de familias enteras con todos sus miembros en el paro.