La Generalitat contempla poner un requerimiento judicial si no se devuelve al territorio lo aportado
BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha asegurado este miércoles que el Gobierno central "cumplirá" la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el 0,7%, pero ha señalado que es la administración central quien tiene competencia para poner los objetivos, requisitos y condiciones de la convocatoria de ayudas.
En declaraciones a los medios tras su reunión con la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Dolors Bassa, ha señalado que la sentencia estima parcialmente el recurso del Govern, pero que no dice que la convocatoria de ayudas sea "100% territorializada".
"Nosotros cumpliremos la sentencia, respetaremos las competencias autonómicas y garantizamos la cohesión territorial y la solidaridad anónima", ha dicho, recordando que transfirió a Catalunya 31 millones de euros en este aspecto el año pasado.
Ha sostenido que la sentencia al recurso del Govern no señala que el programa del 0,7% deba ser 100% territorializado, que solo dice que donde tiene competencias la Generalitat, gestione ese dinero, y ha resaltado que quien tiene la competencia de a quién va destinado es el Ejecutivo central.
Montserrat ha afirmado que "lo importante no es la territorialización sino las personas necesitadas" y las entidades que prestan servicio, señalando que el Gobierno quiere la mayor eficacia e impacto social del programa.
CONSELLERA
Bassa ha considerado que la sentencia de enero --que es la número 13 sobre este caso-- dice que el dinero tiene que llegar al territorio, por lo que se plantean presentar un requerimiento judicial en caso de que consideren que la propuesta que hará Montserrat en las próximas semanas no cumpla la sentencia, ha explicado en declaraciones a los medios tras el encuentro.
"Nos ha dicho que cumpliría la sentencia pero que no sabía como. Por lo tanto continuamos muy preocupados", porque de Catalunya sale el 25% de lo que recauda el Estado para fines sociales con el 0,7%, pero solo retorna el 14% --pues se recaudan entre 55 y 60 millones cada año, pero solo retornan entre 25 y 30--, ha lamentado Bassa.
La consellera ha reivindicado que el dinero que se recoge tiene que volver a la comunidad, con objetivos de fines sociales que pueden comprobarse desde el Gobierno, pero que Montserrat mantiene la misma idea de tiempo atrás, y les ha dicho que lo están analizando, que tienen dos o tres propuestas y que verán cómo se reparte el dinero: "El mes que viene veremos qué nos plantean", ha dicho Bassa.
"Por lo que decía, lo que se hará será cambiar los parámetros de lo que indica los fines sociales", lo que en su opinión podría crear confusión en las entidades sociales, y se ha mostrado preocupada también porque desconocen si la Generalitat podrá participar y si las entidades sin sede en Madrid podrán entrar en la convocatoria.
Los números de la ministra sobre la ley de Dependencia difieren de los de Bassa, que ha asegurado que la Generalitat aporta el doble de lo que debería, y Bassa ha concluido que han quedado muy preocupados, a pesar de que la reunión ha transcurrido con buenas palabras por ambas partes: "Falta ver es si estas palabras se convertirán en hechos".
DECLARACIONES POR SEPARADO
Han asistido al encuentro el secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Josep Ginesta, y el secretario de Asuntos Sociales y Familias, Francesc Iglesies.
A pesar de que la reunión se ha celebrado en la sede de Trabajo de la Generalitat, en la calle Sepúlveda, donde Bassa ha atendido a los medios, la ministra ha convocado sus declaraciones en la sede de la Delegación del Gobierno central, en la calle Mallorca de la capital catalana, a la que se ha desplazado tras el encuentro.
