BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta y portavoz del Govern, Neus Munté, ha acusado este viernes al Gobierno central de protagonizar un "auténtico acoso" contra Cataluña por querer impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) el Comisionado de Transición Nacional.
En rueda de prensa desde la Generalitat, ha criticado que es un recurso totalmente partidista y sin base jurídica, y el Govern no tiene ninguna intención de suprimir este cargo, que ocupa Carles Viver i Pi-Sunyer: "No daremos ni un paso atrás y continuaremos preparando todo lo que haga falta para las elecciones del 27S".
Preguntada por si esta impugnación podría derivar más adelante en un recurso contra las elecciones catalanas que el Govern considera un plebiscito sobre la independencia, Munté ha dicho que no quiere "ni imaginar" que el Gobierno central sea capaz de una decisión como ésa.
La vicepresidenta ha acusado al Estado de "mirar con desconfianza que en Catalunya se pueda votar con normalidad como ya demostró el 9 de noviembre" --en el proceso participativo--, y ha vaticinado que la Generalitat se sobrepondrá a este nuevo obstáculo que es este recurso al TC.
Munté ha argumentado que el decreto de creación del Comisionado de Transición Nacional responde a un "mandato del Parlament", que avala que el Ejecutivo catalán avance en las estructuras de Estado que considere necesarias hasta los comicios autonómicos de otoño.
El Govern considera "ridículo" recurrir el decreto, ya que esgrime que la creación del Comisionado sólo responde a una medida de organización interna de la administración catalana, por lo que ve incomprensible que el Estado lo lleve al Tribunal Constitucional.
EL RECURSO
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo planteará ante el Tribunal Constitucional (TC) un "conflicto positivo de competencias" por la creación del Comisionado para la Transición Nacional por parte de la Generalitat.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha asegurado que llevará ante el Alto Tribunal el decreto 16/2015 que contempla la creación de este organismo porque con él se pretende "avanzar en un proceso de construcción de estructuras de Estado".
Para Sáenz de Santamaría, este decreto supone una vulneración flagrante de la soberanía del pueblo español, de la "indisoluble" unidad de la nación española y de la igualdad de derechos de los españoles ya que otorga al Comisionado actuaciones que corresponden al Estado.
