Cs, PSC y el PP han advertido de que no comparten la decisión de la Mesa del Parlament
BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los grupos del Parlament que no compartan la decisión de la Mesa de este martes de aceptar la delegación de voto del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tienen 48 horas para presentar una petición de reconsideración a la propia Mesa.
Según el reglamento de la Cámara, la petición tiene que ser presentada como máximo "dos días después de haberse publicado la decisión objeto de reconsideración o, si no se ha publicado, antes de que el órgano correspondiente tramite el escrito o el documento de índole parlamentaria".
La mera presentación del recurso suspenderá la delegación de voto de Puigdemont hasta que la Mesa lo resuelva, y este órgano tiene cuatro días para tomar una decisión mediante "una resolución motivada" y una vez reunida la Junta de Portavoces.
Hasta ahora ningún partido ha anunciado formalmente la intención de presentar una petición de reconsideración, pero este martes en la reunión de la Mesa Cs, PSC y PP ya han expuesto que no compartían la decisión de permitir el voto delegado del expresidente, han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Si acaban presentando esta petición de reconsideración, será la propia Mesa del Parlament quien decida si la acepta o no, por lo que tiene muy pocas posibilidades de prosperar porqué en este órgano de la Cámara JxCat y ERC tienen mayoría --y son los mismos partidos que apoyan que Puigdemont delegue el voto--.
¿AL CONSTITUCIONAL?
En el pasado, cuando la Mesa ha tumbado otras peticiones de reconsideración, varios grupos han decidido entonces acudir al Tribunal Constitucional (TC) alegando "vulneración" de derechos de sus diputados en la Cámara catalana.
La decisión de permitir la delegación de voto de Puigdemont ha generado polémica porque los letrados del Parlament han advertido de que podría no ser legal ya que podría contravenir un auto del Tribunal Constitucional del 27 de enero de este año.
El punto 4.C de aquella resolución estableció, entre otras cuestiones, que "los miembros de la Cámara sobre los que pesa una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios".
