El Ayuntamiento asegura que las víctimas tenían "buena vinculación" con los Servicios Sociales
BARCELONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Urbana de Barcelona inspeccionó el pasado 18 de octubre el local incendiado la madrugada de este martes en el que han muerto cuatro personas --una mujer, un hombre, un niño de tres años y un bebé de 6 meses-- que vivían allí desde hace un año y en el que no vieron "riesgo inminente" de que requiriera un desalojo inmediato.
Lo ha explicado la teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona, Laura Pérez, junto a la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, y la jefa de Urgencias y Emergencias Sociales del Ayuntamiento, Montserrat Rovira, en una rueda de prensa para actualizar la información sobre el siniestro.
Pérez ha asegurado que si en la inspección --en la que se revisó, entre otras cosas, el suministro eléctrico y la ventilación-- se hubiera detectado un riesgo inminente "se habría actuado inmediatamente".
La familia tenía ingresos procedentes de la recogida de chatarra y vivían con cuatro hombres más, que han sido atendidos por inhalación de humo y que se espera que se les de el alta, y que no tenían vinculación familiar con las víctimas.
Según ha detallado la teniente de alcalde, solo uno de los cuatro hombres había accedido a tener vínculo con el Ayuntamiento y los otros tres habían rechazado la entrada de Servicios Sociales en el local.
88 INTERVENCIONES
El Servicio de Intervención Social de Familias con Menores (Sisfam), especializado en atender a familiar en situación de infravivienda, estableció el primer contacto con la familia en septiembre de 2020 y Pérez ha subrayado que siempre hubo "buena vinculación".
En concreto, el Sisfam hizo 88 intervenciones con la familia, a quienes se les tramitó ayudas económicas periódicas para la ropa, alimentación, farmacia y transporte, y se les ofreció acompañamiento para conseguir tarjeta sanitaria y la escolarización del hijo mayor; y, además, se les empadronó sin domicilio fijo.
Pérez ha dicho que los Servicios Sociales municipales han hecho visitas periódicas al local, en el que "había una dinámica de rotación de diferentes personas", y ha asegurado que la familia mantenía en las mejores condiciones que podía el espacio, a pesar de que vivían en situación de infravivienda, ha recalcado.
Además, ha explicado que la alternativa que les podría ofrecer el Ayuntamiento "era peor porque era un realojamiento provisional".
POBREZA TRAS LA TRAGEDIA
Así, la teniente de alcalde ha lamentado el suceso, ha trasladado el pésame a los familiares de las víctimas, y ha señalado que son casos que interpelan a todos los niveles de las administraciones: "Nos deben hacer pensar cómo actuamos de la mejor manera y ofrecemos la mejor cobertura".
En ese sentido, ha recalcado que "detrás de esta tragedia, hay una situación de pobreza y de exclusión social" y ha señalado que es complejo trabajar ante situaciones en las que familias están excluidas de todo tipo de prestaciones.
No obstante, ha defendido que desde el Ayuntamiento están dedicado "grandes esfuerzos en la lucha por la vivienda" y que han acogido a más de 3.000 personas en diferentes equipamientos municipales.
Actualmente hay 86 asentamientos en Barcelona en los que viven 384 personas, de las cuales 53 son menores; y 105 locales ocupados, en los que viven 481 personas, de las cuales 56 menores, una dinámica que, según Fuertes, ha cambiado porque hay más ocupación en locales.
