Rechaza la petición de archivo de Fiscalía porque sería "prematuro"
BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, que investiga las cargas policiales durante el 1-O en la capital catalana, ha rechazado la petición de la Fiscalía de archivar la causa y ha argumentado que ve en los agentes de policía "absoluta falta de consideración" hacia la integridad física y la dignidad de los votantes.
En un auto consultado este miércoles por Europa Press, el juzgado rechaza la solicitud del Ministerio Público y recuerda que quedan diligencias acordadas pendientes de practicar y diversos escritos de las partes personadas solicitando nuevas diligencias de prueba aún por acordar, por lo que vería "prematuro" un archivo de la causa.
Se opone a la petición de la Fiscalía de no aplicar a los policías investigados en la causa el delito previsto en el artículo 175 del Código Penal --cuando la autoridad o funcionario público, abusando de su cargo, atenta contra la integridad moral--.
El juez replica al Ministerio Público que "los argumentos que utiliza para descartar tal aplicación serían plenamente aplicables al caso", ya que considera que hay concurrencia de padecimiento físico o psíquico al tener casi 300 partes de lesiones.
Resalta además que "son múltiples las imágenes de personas arrastradas por el suelo de cualquier manera, el pelo o desde la mandíbula, arrojados escaleras abajo, pisoteados por agentes, ignorados una vez presentan heridas de consideración, sin entrar en los insultos que algunos ciudadanos denuncian haber recibido".
Sobre si pudo haber un trato degradante o humillante, valora: "Basta observar las imágenes que constan en la causa, donde en múltiples casos los ciudadanos son tratados con absoluta falta de consideración no sólo a su integridad física, sino a su propia dignidad".
En cuanto a la incidencia en la causa barcelonesa de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los líderes soberanistas por impulsar el 1-O, argumenta que el fallo valora la situación vivida en Catalunya el 1 de octubre de 2017 en su totalidad, pero no "la posible responsabilidad penal de las personas que allí se encontraban, que corresponde investigar, en lo relativo a la ciudad de Barcelona", al juzgado que él preside.
