Juristas reclaman que los menores en proceso de desamparo tengan asistencia jurídica

Sugieren que la declaración judicial de desamparo sea previa a su ejecución

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La copresidenta del Observatorio de los Derechos de las Personas del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Sílvia Giménez-Salinas, ha reclamado que los niños, niñas y adolescentes en procesos de desamparo cuenten con asistencia jurídica.

Así lo ha manifestado la coautora del informe del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) de propuestas para la mejora jurídica de la atención a la infancia en situación de vulnerabilidad --que fue remitido a la Conselleria de Derechos Sociales-- durante la 'Jornada del Observatorio de los Derechos de las Personas para analizar la problemática de la Dgaia' celebrada este jueves en la sede del ICAB en Barcelona.

Giménez Salinas ha asegurado que en la actualidad hay unos 10.000 menores en procesos de desamparo en Catalunya y que sólo hay entre 1.700 y 1.900 recursos judiciales contra esa situación porque el porcentaje de estos expedientes que llega a juicio es "mínimo".

Ha añadido que, en el 32,6% de los casos, las causas que motivan la apertura de un expediente de desamparo son "negligencia, desatención o imprudencia", lo que, según ella, no sería motivo de separación de la familia si esta recibiese el apoyo adecuado.

Si bien ha aclarado que hay situaciones que requieren de la adopción de medidas cautelares para proteger al menor, estas deberían ser ratificadas por un juez, y se ha mostrado crítica con mantener abierto un expediente de riesgo a una familia durante años para acabar finalmente en una situación de desamparo.

"No se puede tener abierto un expediente de riesgo a una familia durante 5 años" para acabar en un desamparo porque no se ajusta a Derecho, ha manifestado Giménez Salinas, que ha dicho que si los expedientes duran años siempre habrá una carencia en la familia.

INVERTIR EL ORDEN

En lo que se refiere a la declaración de desamparo, el informe propone invertir los términos, de forma que la declaración judicial de desamparo sea previa a su ejecución por la entidad pública.

También, que se haga a propuesta de la entidad pública, mediante una vista que deberá celebrarse en un máximo de 15 días, y con derecho de asistencia jurídica para progenitores y menores antes de que se produzca la separación entre ambos.

Asimismo, la coautora ha propuesto que la investigación de los hechos la realice el ente público, pero que la decisión la tome un juez para, posteriormente, ser ejecutada por el ente público; todo esto, ha concluido, con el objetivo último de "limitar al mínimo la institucionalización" de los menores.

Considera que, de forma urgente, en Catalunya se debe aprobar un reglamento unitario de centros y acogidas en relación a las visitas biológicas, así como otro reglamento del procedimiento administrativo de desamparo para asegurar "las garantías del procedimiento" y también grabar las sesiones con los equipos que atiendan a los menores.

Por su parte, la decana del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa y coautora del mismo informe, Marta Martínez i Gellida, ha dicho que una de las medidas propuestas más importantes es que "la abogacía necesita estar reconocida desde el procedimiento administrativo" para intervenir desde un primer momento.

"REFUNDACIÓN" DE LA DGAIA

La secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Generalitat, Teresa Llorens, ha dicho que desde la Conselleria de Derechos Sociales hace meses que trabajan en la "necesidad imperiosa" de transformar el sistema, pero que esta remodelación necesita de la complicidad de todo el mundo, en sus palabras.

Sobre la decisión del Govern de suprimir la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) para crear una nueva dirección general más centrada en la protección de los menores, la Dirección General de Prevención i Protección de la Infancia y la Adolescencia (Dgppia), ha dicho que es "una refundación, un cambio de paradigma".

En este sentido, ha dicho que se trata de "una apuesta valiente, decidida, con el objetivo claro de poner los derechos de los infantes en el centro, sobre todo de los más vulnerables".

En la jornada, que ha presentado el decano del ICAB, Jesús Maria Sánchez, también han participado la copresidenta del Obervatorio de los Derechos de las personas del ICAB, Erika Torregrossa; la vicedecana del Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona, Margarita Ribas Yglesias, y la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, que ha concluido el acto.