BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción 8 de Barcelona ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía contra varios excargos de la Agencia Catalana del Agua (ACA) por presuntamente adjudicar de manera irregular un contrato millonario a una Unión Temporal de Empresas (UTE) dirigida por el exgerente de la entidad pública Joan Lluís Quer, actual presidente de Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña.
En la querella, recogida por Europa Press, se argumenta que el entonces director del ACA Manuel Hernández Carreras adjudicó el 15 de enero de 2008 el contrato de forma "pactada y decidida previamente de acuerdo con la adjudicataria" por valor de 3,75 millones de euros, pero que posteriormente se formalizaron fuera de contrato otros 38 trabajos complementarios por valor de 3,93 millones.
Según la Fiscalía, los expedientes administrativos de dichos contratos presentan "un cúmulo de irregularidades tan numeroso y de tan grosero calibre" que permite concluir, por ejemplo, que su configuración fue un artificio formal para enmascarar un beneficio económico ilícito en favor de las empresas de la UTE DMA-Gestió, según sus palabras.
El contrato era para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 'Trabajos de redacción del programa de medidas y del plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña' con un presupuesto máximo de cuatro millones y cuya licitación se inició en 2007.
La querella la presentó la Fiscalía después de arrancar una investigación al recibir una denuncia por estas irregularidades de la Generalitat y de la Sindicatura de Comptes, y para el fiscal los presuntos delitos cometidos son: revelación de secretos por funcionario, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedades en documento oficial y mercantil.
El fiscal considera que haber dividido el contrato en uno principal y otro complementario era una "artificiosa división del objeto contractual que permitía indefiniciones, solapamientos y duplicidades que amparan una facturación excesiva y en algún caso apoyada en trabajos vacíos de verdadero contenido sustancial".
Para el fiscal, las irregularidades se explican porque Joan Lluís Quer, exgerente de la ACA entre 2000 y 2004, era el administrador y director general de Auding, una de las empresas de la UTE y "ostentaba excelentes contactos personales y profesionales en la agencia, además de relevantes conexiones de todo signo a nivel político", lo que a su entender corrobora el hecho de que ahora sea el presidente de Infraestructuras de la Generalitat.
Además, otra empresa de la UTE, Artenginy, pertenecía y era administrada de hecho por otro antiguo cargo del ACA, el querellado Josep Bou, puntualiza la Fiscalía, que en total se querella contra 13 personas, entre ellas cargos de la agencia que se reunieron con la UTE antes de la adjudicación.
CONTRATO PREVIAMENTE DECIDIDO
La querella asegura que la adjudicación de la UTE DMA-Gestió "ya estaba previamente decidida por el director del ACA" de acuerdo con la UTE, desde antes de iniciarse el concurso público y asegura que fue una contratación a medida.
Como argumentos cita el hecho de que antes de la aprobación del pliego técnico y el inicio formal del procedimiento de licitación del contrato principal, empleados del ACA ya estaban reuniéndose y trabajando con empleados de las empresas que iban a constituirse en la UTE, además de que el ACA no mantuvo reuniones con los otros competidores.
El fiscal llega a constatar que los empleados de la UTE recibieron información relevante sobre los futuros términos del contrato, intervinieron directamente en la configuración de sus términos, y además, destaca que la contratación misma se diseñó para "conceder indebidamente un amplísimo margen de actuación a la adjudicataria, propiciando con ello que pudiera procurarse un ilícito beneficio económico".
El concurso, en el que concurrieron seis empresas --dos empresas y cuatro UTE-- fue publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (Dogc) el 8 de octubre de 2007 y el 11 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
