BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
Manos Limpias ha pedido a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que garantice "medidas policiales de protección y seguridad" para dos inspectores que declararon el lunes como testigos en la causa por la consulta alternativa del 9 de noviembre contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la consellera Irene Rigau y la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega.
En el escrito remitido al tribunal y al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del sindicato Pedro Francisco Muñoz solicita que se adopten cuantas diligencias sean oportunas "dadas las represalias y repudias sociales y mediáticas" que, según él, Rafael A. y Jesús R. vienen sufriendo desde que declararon.
Estos dos inspectores son los que informaron a la Alta Inspección --y esta a su vez a la Fiscalía-- de la existencia de reuniones entre responsables de la Conselleria de Enseñanza y los directores de los centros educativos en que se preveía instalar las urnas.
También declaró el lunes la directora de Servicios Territoriales de la Conselleria de Enseñanza en la comarca de Barcelona, Montse Llobet, que reconoció que existieron dos reuniones, aunque explicó que no eran para dar instrucciones a los directos sino simplemente para ofrecerles información.
"CONTRADICCIONES"
La Fiscalía había pedido citarla a esta testigo tras un informe --elaborado con información aportada por los dos inspectores-- que documentaban la existencia de estas reuniones, lo que en opinión del Ministerio Público "contradicen directamente" la versión
que dio la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.
Rigau había explicado en un escrito a la Fiscalía que "no han existido reuniones entre responsables del departamento de Enseñanza y directores de centros de enseñanza dirigidas a determinar la manera de proceder en relación al proceso participativo".
Dijo también: "Ni yo ni ninguna otra persona del Departamento de Enseñanza ha dirigido órdenes, instrucciones, sugerencias o comunicaciones verbales o escritas a los directores o centros públicos de enseñanza sugiriendo o recomendando que consientan el acceso a los colaboradores y/o voluntarios del proceso participativo".
