Publicado: jueves, 1 febrero 2018 18:44

MONTCADA I REIXAC (BARCELONA), 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Montcada i Reixac ha llevado a Fiscalía los expedientes de expropiación de zonas verdes reclamadas por tres empresas --iniciadas en 2002-- durante el mandato de César Arrizabalaga (PSC).

La alcaldesa de la localidad, Laura Campos, ha justificado esta decisión porque la auditoria urbanística, encargada por el consistorio en septiembre de 2016 y cerrada en marzo de 2017, ha encontrado "indicios de hechos delictivos" y ha dejado en manos del ministerio público que decida si es necesario abrir diligencias, tal como ha avanzado en una presentación pública, celebrada este miércoles en la localidad.

Campos ha recordado que este caso obliga al consistorio a pagar 24 millones de euros hasta 2024 y "esto significa una cantidad que deja de percibir la población", por lo que ha señalado la necesidad de erradicar estas prácticas que han hipotecado el futuro del municipio y por romper con el urbanismo especulativo.

La alcaldesa ha explicado que en julio de 2017 recibieron los resultados y decidieron pedir tres informes: uno sobre el trato de la protección de datos, un segundo del derecho administrativo, y un tercero de un penalista, que ha concluido que hay tres casos "con posibles consecuencias legales": dos han prescrito --una licencia y la modificación del PERI-- y las expropiaciones.

La empresa auditoria ha repasado expedientes administrativos y jurídicos, informes jurídicos y técnicos, información de la web municipal, así como la del registro de planeamiento y urbanismo de Catalunya, y también ha contactado con letrados externos, entre otros; la abogada encargada del trabajo, Cristina Gómez, ha admitido hallar documentación "incompleta y desordenada".

COMPLEJIDAD PARA CUMPLIR LOS PLAZOS

La auditoría debería haber acabado en poco menos de medio año, tal como Campos había incluido en el Plan de Actuación Municipal (PAM), pero "la complejidad de los temas y el estado de algunos documentos obligó a parar máquinas", para hacer actuaciones previas y ordenar toda la documentación.

La auditoría ha analizado 11 temáticas urbanísticas entre las que hay contenciosos abiertos como el vinculado al traslado de la empresa Valentine, las concesiones administrativas en suelo público que no se ajustan a la legalidad como los centros comerciales El Punt y Can Cuyás y la urbanización del Bosc d'en Vilaró, entre otras.

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