BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han enviado a los grupos del Congreso enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que los ayuntamientos tengan financiación para asumir el coste del Bono Social, y también para que no se invadan las competencias en su aplicación que ya regula la Ley 24/2015.
En un comunicado, afirman que el Bono Social no viene acompañado de financiación y carga a las administraciones locales el coste del 50% del suministro energético de las personas vulnerables, por lo que los municipios piden financiación a cargo de los PGE para asumir este coste y no cargarlo a los ayuntamientos.
La iniciativa surge de un grupo de trabajo que ha coordinado el Ayuntamiento de Barcelona, y con ella piden establecer que el Bono Social "en ningún caso debe suponer la superación" de la Ley 24/2015.
Esta ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en vivienda y pobreza energética "ofrece una protección superior a la prevista en el Bono Social Eléctrico, en cuanto a cobertura e intensidad de ayuda y al principio de precaución que sitúa consumidor vulnerable en el centro del sistema de protección".
Así, piden al Estado que garantice la financiación necesaria para afrontar la parte pública del pago de la deuda: "El municipalismo catalán no puede aceptar un Real Decreto que no prevé la dotación económica que lo tiene que hacer posible y no facilita su gestión por parte de las administraciones locales".
En las enmiendas también reclaman que las compañías de suministro eléctrico "asuman una mayor corresponsabilidad", fijando una aportación a fondo perdido para afrontar la deuda general de las personas en situación de vulnerabilidad social.
