El Parlament valida el decreto que pretende suspender desahucios durante el estado de alarma

   BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El pleno del Parlament ha validado este miércoles el decreto ley 37/2020 del Govern, que pretende suspender los desahucios de grandes tenedores hasta que el propietario ofrezca un alquiler social al que está obligado según la ley, mientras dure el estado de alarma o estén vigentes restricciones por el coronavirus.

   El decreto se ha convalidado con 77 votos favorables de JxCat, ERC, los comuns y la CUP, 4 en contra del PP, y 54 abstenciones de Cs y el PSC-Units.

   El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha destacado que esta iniciativa forma parte de un paquete de iniciativas que impulsa el Ejecutivo catalán para construir un "escudo social" ante los impactos del Covid-19 en algunos sectores económicos estratégicos a través de acciones específicas de protección a empresas y trabajadores.

   Ha explicado que el decreto avala que ninguna familia en situación de vulnerabilidad que resida en una vivienda de un gran tenedor sufra un desahucio hasta el 9 de mayo de 2021 --fecha del fin del estado de alarma vigente--, y que tampoco habrá desahucios de personas "ocupantes sin título habilitante desde antes de la entrada en vigor del actual estado de alarma".

   De este modo, el decreto ordena la regulación del alquiler social obligatorio por parte de los grandes tenedores que se vean obligados a interrumpir el proceso de desahucio mientras dure el estado de alarma y hasta que se formule la propuesta de alquiler social a familias que cumplan los requisitos de vulnerabilidad.

   Además, avala que será necesario solicitar un informe social para que los Mossos d'Esquadra y las policías locales puedan hacer efectiva cualquier solicitud judicial de medidas cautelares para ejecutar un desahucio, y ordena la extensión de los contratos de alquiler de viviendas de grandes tenedores durante todo el periodo de vigencia del estado de alarma.

DEBATE

   Desde la bancada de Cs, la diputada Noemí de la Calle ha tachado a la medida de inadecuada y ha remarcado que el Govern está obligado a garantizar que el parque público de viviendas vaya destinado al uso social, y que actualmente la vivienda social no es superior al 2%, según ella.

   Para la socialista Rosa Maria Ibarra, el decreto ley "no está bien resuelto jurídicamente" y ha emplazado al Govern, que tiene competencias exclusivas en materia de vivienda, a asumir la misma responsabilidad social que desde el Ejecutivo catalán reclaman a propietarios y grandes tenedores, en sus palabras.

   Por su lado, la diputada de los comuns Susanna Segovia ha puesto en duda que el Govern acabe cumpliendo los puntos detallados en el decreto ley, ha sostenido que la medida se trata de "una cortina de humo para tapar la inexistencia de políticas de vivienda de la Generalitat", y ha afeado que se reduzca a una estratégica electoralista.

   Según la diputada de la CUP Maria Sirvent, la medida es una reacción a la "vergüenza que ha tenido que pasar este Govern viendo al movimiento por la vivienda cada día frenando desahucios en plena situación de emergencia sanitaria", y ha emplazado al Ejecutivo a sancionar a los grandes tenedores que no ofrecen alquiler social.

   Daniel Serrano (PP) ha tachado el contenido del decreto de inconstitucional y ha dicho que no es "jurídicamente viable", ya que considera que el Parlament no tiene competencias para aprobar modificaciones de ciertos aspectos normativos del decreto ley, por lo que ha avanzado que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).

   Por otro lado, el diputado de ERC José Rodríguez ha argumentado que la voluntad del Parlament para proteger el derecho a la vivienda "continua siendo violada por la interpretación de los jueces hacen" de las leyes, quienes se escudan en criterios procesales para proteger a los especuladores, según él.

   Además, Antoni Morral (JxCat) ha defendido el "interés y compromiso en este sentido y durante este periodo" caracterizado por las consecuencias del Covid-19 por parte del Govern, y ha abogado por la cooperación y la coordinación entre departamentos, administraciones públicas y entidades sociales y económicas para erradicar esta lacra.