JxCat, ERC, comuns y CUP votan a favor y Cs, el PSC y PP lo rechazan
BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha validado este miércoles el Decreto ley 1/2020 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, que modifica la definición de 'vivienda vacía' que establecía el anterior decreto del Govern.
El decreto, que el Consell de Garanties Estatutries (CGE) ha considerado inconstitucional, aunque su opinión no es vinculante, ha sido validado con 77 votos favorables de JxCat, ERC, comuns y la CUP, y 57 en contra de Cs, PSC-Units y el PP.
El Govern aprobó este decreto para modificar la definición de 'vivienda vacía' por las dudas de interpretación y los problemas de seguridad jurídica que podía conllevar, y establece como vacía una vivienda que lleva desocupada "sin causa justificada" por un plazo de más de dos años.
Considera que las causas justificadas de esa desocupación son el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución.
Así, señala que la ocupación de una vivienda sin título legítimo no impide que se pueda considerar vacía esa vivienda.
DAMI CALVET
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Dami Calvet, ha presentado el decreto, que cree que sirve para que la Generalitat tenga "herramientas normativas al servicio de un objetivo compartido: que el derecho de vivienda de familias vulnerables esté por encima de los intereses de grandes fondos de inversión y entidades financieras".
Para él, este decreto sirve para evitar desahucios de familias vulnerables que han ocupado viviendas vacías que son propiedad de grandes tenedores y ha asegurado que el Govern seguirá actuando para "que no haya ninguna excusa posible para suspender los desahucios".
EN CONTRA
La diputada de Cs Marina Bravo ha recriminado al Govern que no haga caso a la opinión del CGE, ha tachado el decreto de inconstitucional, irracional e injusto, y ha sostenido que sirve para "proteger a quienes se saltan las leyes y dejar fuera a los que las cumplen".
La socialista Rosa Maria Ibarra ha vaticinado que el decreto llegará al Tribunal Constitucional (TC) y quedará anulado, por lo que ve una "irresponsabilidad" y tacticismo electoral haberlo llevado al pleno.
Santi Rodríguez (PP) ha afirmado que no entiende como "un Govern con Convergncia y un conseller de Convergncia", en referencia a JxCat y Calvet, pueda aprobar un decreto como este y ha exigido que el Gobierno de Pedro Sánchez lo lleve al TC para que se anule y ha dicho que, si el Ejecutivo no lo hace, lo harán ellos.
A FAVOR
Por su parte, Susanna Segovia (comuns) ha argumentado que el decreto no regulariza la ocupación, sino que sirve para que los grandes tenedores estén obligados a ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables, y ha criticado que se intente "utilizar el TC para frenar avances sociales".
La 'cupaire' Maria Sirvent ha insistido en que los derechos sociales se deben defender pese a que se consideren inconstitucionales, ha acusado al Govern de no trabajar para evitar los desahucios y ha reivindicado que es la movilización de la ciudadanía lo que garantiza derechos como el de la vivienda: "Los derechos se conquistan en la calle".
El republicano José Rodríguez ha reivindicado el decreto y ha recriminado a los partidos que lo rechazan por considerarlo inconstitucional, ya que, a su juicio, están utilizando la Constitución "como escudo para negar derechos".
Por último, Toni Morral (JxCat) ha calificado de valiente este decreto, ya que cree que muestra la voluntad del Govern para hacer frente a la situación de la vivienda en Catalunya y ha avisado de que quien recurra ante el TC "querrá decir que se ubica fuera de los más vulnerables".
