Plataforma per la Llengua y Cicac lanzan una campaña para fomentar el catalán en la abogacía

   BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

   Plataforma per la Llengua y el Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) han presentado este martes la campaña 'Defensem en català, defensem el català', que tiene como objetivo promover y normalizar el uso del catalán en el ejercicio profesional de la abogacía.

   En el acto, que se ha celebrado en la Sala de Columnas del l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), han intervenido el presidente del Cicac, Joan Martínez; la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, y la secretaria para la Administración de Justicia de la Generalitat, Iolanda Aguilar.

   En los discursos inaugurales, Plana ha recordado que el propósito de la entidad es que "el catalán sea la lengua de uso normal en todos los ámbitos de la sociedad" y que con esta campaña se pretende impulsar la protección de los derechos lingüísticos, promover el uso del catalán en el ámbito judicial y visibilizar experiencias de abogados que ya lo utilizan en su trabajo, sobre todo de profesionales en activo con capacidad de influencia.

   Con la voluntad de generar referentes lingüísticos, la campaña incluye la difusión de vídeos a través de redes sociales de profesionales de la abogacía explicando su experiencia trabajando en catalán, entre los que destacan Andreu Van den Eynde, Jordi Pina, Anaïs Franquesa, Marina Roig, Nàsser Aoukhiyad y Marina Pellín.

   Plana ha subrayado que esta campaña también está dirigida a los estudiantes de Derecho, a los "futuros juristas", porque se ha detectado una carencia en el uso del catalán en las facultades.

EL USO DEL CATALÁN "ES UN DERECHO"

   La vicepresidenta de Plataforma per la Llengua ha recordado que el uso del catalán en el ámbito judicial "es un derecho", pero ha dicho que hacen falta compromisos firmes y valientes por parte de las instituciones y de los profesionales.

   Ha lamentado que el uso del catalán continúa siendo "prácticamente inexistente en los juzgados", un hecho que ha achacado a décadas de desprotección y a una exclusión estructural y sistemática que se ha perpetuado por la falta de voluntad política, en sus palabras textuales.

   Por todo ello, considera que hace falta poner en valor referentes que utilizan el catalán para romper con la idea de que su uso en el ámbito judicial es "inviable o marginal", un cambio que ha dicho que es posible y urgente, pero que para ello es necesaria la voluntad colectiva.

SOLO EL 6% DE LAS SENTENCIAS SON EN CATALÁN

   Iolanda Aguilar ha manifestado que el uso jurídico del catalán no está en sintonía con el uso social pues, pese a que el 32% de la población habla habitualmente en catalán, el porcentaje de las sentencias en esta lengua se reduce a entre un 6% y un 7%.

   También que, pese a las herramientas con las que se ha dotado a la Administración de Justicia para el derecho de opción lingüística sea respetado, la mayoría de juzgados "no se sienten concernidos".

   En este sentido, ha señalado que aunque las peticiones para tramitar causas en catalán fueron de un 7,42%, solo el 20% fueron atendidas, por lo que en el 80% de los casos no se respetó el derecho del usuario.

   El motivo, ha dicho, se debe a una inercia del uso del castellano en el ámbito de la justicia, así como a la falta del conocimiento del catalán por parte de los profesionales, aunque ha dicho que debería ser "una exigencia".

   También lo ha atribuido a una estructura procesal centralizada y al material de trabajo esencialmente en castellano --leyes, jurisprudencia, doctrinas-- y ha defendido que el uso del catalán en la justicia "debería ser una cuestión de estatus jurídico político".

PRESENCIA "RESIDUAL"

   Por su parte, Martínez ha dicho que aunque el catalán es la lengua oficial y plenamente reconocida en Catalunya, su presencia en los juzgados es "residual" y esto genera inseguridad jurídica y desprotección para los ciudadanos.

   Además, perpetúa la idea de que el catalán no es útil ni válido en espacios de poder y de decisión, lo que provoca un "debilitamiento de uno de los pilares de nuestra identidad colectiva".

   En este sentido, ha animado no sólo a defender su uso en el ámbito jurídico, sino también el Derecho Civil catalán, "muy innovador", así como la cultura de la paz, y a repensar más medidas para proteger la lengua.

   En el coloquio, que ha moderado el diputado de la Junta de Govern del ICAB y miembro de la Comissió de Justícia de Plataforma per la Llengua, Frederic Munné, han participado el presidente de la Comissió de Llengua del Cicac, David Casellas, y Plana.

   Casellas ha manifestado que los sistemas de traducción "son muy importantes", pero que a veces este hecho supone una demora, por lo que algunos profesionales optan por presentar las demandas directamente en castellano.

   Además, ha dicho que aunque no se ha encontrado con jueces que en las salas de vistas pidan que los abogados se expresen en castellano, es "muy grave" que no se respete la lengua que han señalado para que se les notifiquen las resoluciones y ha animado a los abogados a denunciarlo.

   Plana ha añadido que entre los motivos que los abogados alegan para usar preferentemente el castellano figuran, en primer lugar, que los jueces, magistrados y fiscales hablan en castellano, y en segundo lugar, que se han formado en castellano.

MENOR USO ENTRE MENORES DE 41 AÑOS

   En 2022, Plataforma per la Llengua publicó una encuesta sobre los usos, actitudes y representaciones lingüísticas entre los abogados de los 14 colegios de Catalunya que evidenciaba que la abogacía es un colectivo "mayoritariamente catalanoparlante", pues el 75% se relaciona habitualmente en catalán, pero que solo el 36,6% lo utiliza cuando presenta escritos o cuando habla en sala.

   La encuesta también evidenciaba que el 45,8% intervienen siempre en castellano en los juicios y que el 57,3% no presenta "nunca" los escritos en catalán en los juzgados.

   Además, desde la entidad alertan de que la situación empeora, pues en el caso de los abogados menores de 41 años el porcentaje de catalanohablantes es del 64,2%, pero son los que menos usan el catalán en el trabajo: sólo el 27,9%.

   Por todo ello, la campaña pretende evidenciar que el uso del catalán en los servicios legales no sólo es un derecho, sino también una mejora en la calidad y sensibilizar a los abogados sobre la importancia de los derechos lingüísticos y la defensa de los mismos.