Protecció Civil pide al Parlament que no retrase la creación de un cuerpo propio

BARCELONA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de los trabajadores de la Direcció General de Protecció Civil han instado al Parlament y a los grupos parlamentarios a ejecutar la creación de un cuerpo propio, un hecho que la Cámara catalana aprobó en dos ocasiones: el 30 de enero de 2025 y el 22 de abril de este año.

En un comunicado recogido por Europa Press este lunes, señalan que una vez superado el trámite y la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat, ya no existe "ningún impedimento político ni económico" para cumplir con el mandato parlamentario.

Los representantes de los trabajadores sostienen que la falta de una estructura propia afecta a la implantación efectiva de los planes de emergencia en el ámbito local, bloquea la actualización de la planificación ante riesgos emergentes y priva al territorio de una capacidad de respuesta rápida y coordinada.

Además, critican que la ampliación de la presencia de Protecció Civil en los servicios territoriales distribuidos por veguerías se ha realizado sin la dotación operativa necesaria, de forma que el personal adscrito a estas delegaciones "no dispone de los pluses salariales que regulan las guardias operativas fuera de la jornada ordinaria ni cuenta con la uniformidad oficial".

Aseguran que "este bloqueo estructural se traduce directamente en la precariedad de la gestión diaria de las crisis" y que, en la actualidad, el 100% de los jefes de sala del Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat) y el 84% del personal de la Operativa Territorial son personal interino.

INTERINOS

Explican que para evitar que estos profesionales tengan que abandonar su puesto de trabajo a los tres años, la Administración está negociando con los sindicatos la laboralización de estas plazas.

Para los representantes de los trabajadores, esta medida se intenta aplicar "aprovechando la posición de debilidad y el poco poder negociador" de una plantilla interina.

Asimismo, afirman que la conversión a personal laboral de plazas que deberían ser de funcionarios de carrera supone la pérdida de la condición de funcionario, la no aplicación de trienios acumulados y un empeoramiento de las condiciones laborales, poniendo en riesgo la retención del talento y la experiencia acumulada.