La decana del ICAB, Cristina Vallejo, y el decano del ICPB, Javier Segura Zariquiey, durante la presentación del desayuno jurídico ‘¿Cuánto cuesta una sentencia? El impacto económico de los procesos judiciales' - EUROPA PRESS
BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La reducción en un punto de la congestión judicial reportaría a Barcelona 3.100 viviendas de alquiler, 3.400 a Madrid y 1.400 a Valencia, según el análisis elaborado por el abogado y economista Juan S. Mora-Sanguinetti, que ha subrayado que la congestión y la lentitud de la justicia acarrea consecuencias económicas muy graves y tiene un impacto en el bienestar de los ciudadanos.
Así lo ha manifestado este martes en el desayuno jurídico titulado '¿Cuánto cuesta una sentencia? El impacto económico de los procesos judiciales en la empresa y la sociedad' impulsado por el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) y el Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona (ICPB) y que se ha celebrado en la sede del ICAB en Barcelona.
La decana del ICAB, Cristina Vallejo, que ha sido la encargada de presentar este acto junto a su homólogo en el ICPB, Javier Segura Zariquiey, ha subrayado que "economía y justicia no son dos mundos separados" y ha reivindicado la sede de la institución como la casa de la seguridad jurídica.
Juan S. Mora-Sanguinetti ha señalado que la alta litigiosidad, la inseguridad jurídica derivada de un exceso regulatorio --con más de 12.000 nuevas normas aprobadas en España en el último año-- y el colapso del sistema judicial, que retiene un gran número de procedimientos durante un largo período de tiempo en los juzgados, influyen en el desarrollo económico de las empresas y del país.
Además, ha advertido de que el buen funcionamiento de la justicia no sólo tiene un impacto en quienes recurren a ella, sino en todos los demás, pues el buen funcionamiento de la misma es el principal ingrediente de desarrollo económico de un país, en el que las inversiones no enraízan si no hay seguridad jurídica.
LA SITUACIÓN EN ESPAÑA
Del análisis elaborado por el experto se desprende que la situación de los órganos judiciales españoles no es peor que la del resto de países europeos, sino que se sitúa en la media de países como Francia, Italia, Alemania o Reino Unido, y que su situación también es "media" a nivel internacional, tanto en términos de lentitud y de coste como de "predictibilidad".
Sin embargo, ha señalado que España carga con problemas específicos graves: la desigualdad territorial en cuanto al acceso a la justicia --con una peor situación en aquellas provincias con un mayor desarrollo económico, mayor número de empresas, más actividad y población, al tener un sistema judicial más sobrecargado--, y el estancamiento en la sobrecarga de trabajo de los tribunales.
Además, España es uno de los países en los que la población litiga más de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ocupando entre el tercer y el cuarto puesto, y del análisis estadístico se desprende que la conflictividad está directamente relacionada con la congestión judicial y la duración de los procedimientos.
Así, una mejor práctica judicial lograría un incremento de un 0,6% a entre un 2,8% y un 3% en el tamaño medio de las empresas españolas, así como un incremento de la tasa de emprendedores jóvenes de entre un 5% y un 7%.
También, tras el análisis de más de 650.000 empresas españolas se ha observado que la reducción de 10 puntos porcentuales en la tasa de congestión conlleva un incremento medio en la tasa de inversión empresarial de 0,1 puntos porcentuales.
SOBRERREGULACIÓN
El ponente también ha puesto el foco en la sobrerregulación, pues el volumen de normativa tiene un impacto en la eficacia de la justicia y, en este sentido, ha señalado que en España se publicaron entre 1979 y 2022 un total de 414.272 normas, unas 12.000 anuales.
Además, cada norma publicada en Catalunya se relaciona con otras 10, a lo que se suma una creciente complejidad lingüística en la normativa autonómica, lo que la hace cada vez "menos legible" incluso para los expertos.
Un mayor volumen de regulación se relaciona negativamente con el volumen total de empresas en España, pues el incremento del 1% en el volumen de regulación se relaciona con 0,05% menos empresas, lo que, a su vez, lastra la productividad del país y al sistema judicial, ha advertido el experto.
SOLUCIONES
Aunque para Juan S. Mora-Sanguinetti siempre hacen falta más recursos para la justicia, ha señalado que "el presupuesto no está mal", pero ha destacado la importancia de analizar en qué se está invirtiendo.
El experto ha puesto el foco en una inversión que prime la digitalización, pues está demostrado que la introducción de técnicas a nivel de mejora informática y estadística mejora el sistema judicial, así como el diseño de la contratación del personal.
En este sentido, ha puesto como ejemplo el modelo francés del 'commissaire de justice', con la unificación de profesionales y funciones, si bien España avanza hacia un modelo de "colaboración" con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial de intentar caminar hacia estos agentes de ejecución, donde la procura puede solucionar "una parte importante".
También ha destacado la importancia de la mediación, mediante los Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), si bien ha expresado que su eficacia depende de la cultura jurídica en la que se aplique.