Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -
Entidades del sector inmobiliario han pedido este viernes políticas urbanísticas y de vivienda "jurídicamente sólidas y económicamente viables", concebidas desde el diálogo, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que anula la modificación del Pla General Metropolità del barrio de Gràcia de Barcelona.
Lo han reclamado en un comunicado la Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el Col·legi d'Administradors de Finques Barcelona-Lleida, el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província y la Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya.
El conjunto de entidades, que presentó el recurso contencioso administrativo en contra de esta modificación en 2022, han explicado que las medidas persiguen objetivos legítimos, como el incremento de la vivienda asequible o la recuperación del uso residencial, pero que estas deben ser viables y hacerse de la mano del sector.
La sentencia del TSJC, valoran, analiza la insuficiencia del estudio económico y financiero de la modificación, y afirma que el movimiento económico, la actividad y la recuperación del uso de vivienda "seguirán sin despegar" en el barrio de Gràcia con las propuestas del plan.
A pesar de ello, las entidades han subrayado que la sentencia no cuestiona la necesidad de promover vivienda asequible o mejorar urbanísticamente el barrio, pero esto no se puede hacer en contra de la viabilidad económica de las actuaciones, sino con "reglas equilibradas, seguridad jurídica, corresponsabilidad público-privada y un marco estable".