BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las sociedades española y catalana de Rehabilitación y Medicina Física se han sumado este lunes a las peticiones de revisión del expediente de regulación de empleo (ERE) que planea sobre la Mútua de Terrassa, en un comunicado que se suma a los hechos públicos en los últimos días por las sociedades de reumatología y fisioterapia.
En un comunicado, la entidad española Sermef ha asegurado que el despido de 194 trabajadores que prevé el ERE supondría la eliminación de 71 de los 73 profesionales que componen el servicio de rehabilitación, que cuenta con una población de referencia de 400.000 personas.
Las dos sociedades científicas reclaman la retirada del expediente por la afectación sobre la calidad asistencial que entienden que tendría esta medida, por lo que han enviado sendas misivas al conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz; al alcalde de Terrassa, Pere Navarro, y al presidente de la entidad, Faust San José.
Asimismo, y en línea con lo defendido por los reumatólogos, han recordado que el servicio de rehabilitación de Mútua de Terrassa está acreditado por el Ministerio de Educación para la formación de médicos internos residentes (MIR) en la especialidad.
NEGOCIACIÓN EN CURSO
Los últimos avances de las reuniones entre la dirección del hospital y el comité de empresa permiten no obstante alejar el despido de 149 trabajadores del centro, aunque ambas partes no han alcanzado ningún acuerdo sobre ERE presentado por la empresa y las negociaciones continúan este lunes.
Una de las opciones, propuesta inicialmente por el mismo comité de empresa, sugiere evitar el despido de los 149 profesionales de rehabilitación, endocrinología y reumatología previstos, y que éstos pasen a sufrir una reducción de la jornada, similar a la que prevé el mismo ERE para el resto de servicios y 700 empleados.
A final de junio, el hospital planteó un ERE temporal de 884 empleados, para despedir a 149 y reducir la jornada entre el 10% y el 70% a otros 700, con el objetivo de hacer frente al ajuste económico de 13,5 millones impuesto por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) de la Generalitat.
