MELILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Melilla, Gregorio Escobar, negó hoy que el Consejo de Ministros haya aprobado el proceso de repatriación a Marruecos de Abdeselam Ahmed, acusado de financiación terrorista en Chechenia, tal y como había asegurado ayer el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda (PP).
En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Escobar defendió "la rigurosidad con la que debe abordarse la información que se traslada a los ciudadanos" para, a continuación, indicar que el caso de Ahmed se "encuentra en estos momentos en el ámbito judicial, que es el que debe llevar a cabo las decisiones correspondientes". Hasta la fecha de hoy, ha proseguido el delegado, no hay una decisión del Consejo de Ministros sobre la extradición de esta persona.
Para el representante del Gobierno Central en la ciudad, en este proceso no se está haciendo más que "lo que establece el Estado de Derecho con toda la garantía que establece nuestra legislación". Por ello, Escobar pidió que se desarrolle con normalidad el procedimiento y se deje de "generar alarma sobre situaciones hipotéticas".
Por otro lado, el delegado del Gobierno lamentó también otras declaraciones de Imbroda en las que aseguró que el Gobierno de España no se implica en Melilla porque aquí no hay "revoluciones grandes, ni se queman iglesias, ni sinagogas ni mezquitas".
En primer lugar, Gregorio Escobar tachó de "mentira" que el Gobierno Central no se implique con Melilla "como lo prueba la construcción de centros educativos, centros de salud, el hospital, inversiones importantes en políticas activas de empleo y sociales". Una importante respuesta, dijo, "en un momento en el que, como todos sabemos, atravesamos una especial situación de dificultad económica que no es óbice para que el Ejecutivo presidido por Rodríguez Zapatero le dé prioridad a Melilla".
En cuanto a la segunda parte de la afirmación de Imbroda, el delegado la calificó de "muy desafortunada" puesto que entiende que los ciudadanos esperan de aquellos que lo representan que "seamos capaces de desarrollar nuestra acción favoreciendo siempre el diálogo, la lealtad institucional, la convivencia democrática de todos los ciudadanos y no hacer afirmaciones que directa o indirectamente puedan incitar a cualquier tipo de violencia o problema social".
