El fiscal no aprecia prevaricación en la actuación del consejeras ceutíes al subvencionar al Consejo de la Juventud

CEUTA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Ceuta ha decidido archivar las diligencias informativas que decidió abrir el mes pasado por un presunto delito de prevaricación contra las consejeras de Juventud, Kissy Chandiramani, y Sanidad, Adela Nieto, del Gobierno local (PP) por los dos convenios que el año pasado rubricaron sus departamentos por valor de 120.000 euros con el Consejo de la Juventud (CJCE), organismo que según se descubrió en abril mantiene deudas con Hacienda desde 2005 y con la Tesorería General de la Seguridad Social, algo que de acuerdo con la ley le hubiera impedido el acceso a ayudas públicas.

Según la resolución del fiscal, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, este no ha apreciado "indicios suficientes para ejercitar la acción penal" contra Chandiramani y Nieto, número 30 de la lista del PP al Parlamento europeo. "No ha quedado acreditado", dictamina la Fiscalía, "que las resoluciones adoptadas fuesen arbitrarias, es decir, actos contrarios a la Justicia, la razón y las Leyes, dictados sólo por la voluntad y el capricho, pues se encontraban amparadas por un Reglamento aprobado por la propia Asamblea de forma unánime que permite acceder a cualquier subvención sin necesidad de que esta haya cumplido sus compromisos con la Seguridad Social".

La Asamblea ceutí procedió a "perfeccionar" en la Sesión Plenaria del mes pasado dicho Reglamento, aprobado en 2005, que sólo preveía exigir a las entidades estar al corriente de los pagos con los Servicios Tributarios municipales.

El fiscal sólo reconoce que la actuación de las dos consejeras pudo no ser "todo lo diligente que debería haber sido", ya que según recuerda "podrían haberse conocido algunos datos que habrían permitido sospechar la concurrencia de algún tipo de irregularidad", pero en cualquier caso "no arbitraria ni manifiestamente injusta".

La Fiscalía mantiene abiertas otras diligencias, en este caso por un delito de malversación de fondos públicos, contra la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de Ceuta, ya disuelto, que dirigía hasta abril pasado Mariam Mohamed y a la que se imputa el haber dejado un agujero contable en las cuentas del organismo por un montante superior a 50.000 euros.