VALNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Abogacía de la Generalitat ha pedido a la Audiencia de Valencia que determine la responsabilidad civil del exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco, condenado a un año de prisión por fraude en ayudas al Tercer Mundo, dentro del caso Cooperación.
Así consta en el escrito de aclaración, consultado por Europa Press, que ha remitido la Abogacía a la Audiencia en relación con la sentencia de las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, es decir, irregularidades en las ayudas a ONGD y al proyecto fallido para la construcción de Haití. El tribunal condenó a una veintena de personas, entre ellas a Blasco y al empresario Augusto César Tauroni, por malversación y prevaricación.
En su escrito, fundamentalmente reclama al tribunal que fije y determine la responsabilidad civil que le corresponde a Blasco y al exjefe de área de Solidaridad Marc Llinares independientemente del proceso que se siga en el Tribunal de Cuentas, que por el momento no hay ninguno abierto relacionado con los últimos expedientes que se han investigado.
Así mismo, esta parte del procedimiento afirma que en el fallo de la sentencia no se determina, con respecto a Blasco y Llinares, referencia alguna a sus responsabilidades económicas, ni traslado de sus actuaciones penales a la sede del Tribunal de Cuentas a los efectos de la cuantificación de las responsabilidades contables.
La sentencia llegó ocho meses después de celebrarse el juicio. Tras ella, la Abogacía de la Generalitat avanzó un recurso de aclaración y, si no se estimaba, recurrirá ante el TS. La intención de la Fiscalía también era recurrir.
En total, por estas dos piezas del caso Cooperación se sentaron en el banquillo de los acusados 24 personas, y el tribunal condenó a 22 de ellas y dejó fuera a Luis Fernando Castel --responsable del servicio externo que evaluaba los proyectos de cooperación para la Conselleria-- y María Dolores Escandell --exjefa de Servicio de la Conselleria--.
Respecto a Blasco, quien ya fue condenado a seis años y medio de cárcel por la pieza 1 de este procedimiento y pactó una pena con Fiscalía de tres años por este asunto, el tribunal le rebajó la condena al año de prisión por un delito continuado de malversación, otro de prevaricación y falsedad, con la atenuante de reparación parcial del daño y de dilaciones indebidas --no se contempla el pacto con el ministerio público al no estar representadas en él todas las acusaciones--.
Para fijar la pena al exdirigente 'popular', se tuvo en cuenta el descuento de la anterior condena por los mismos hechos. Se le absolvió de los delitos de asociación ilícita, organización criminal y grupo criminal.
Durante la vista, en el derecho a la última palabra, el exconseller, en régimen de semilibertad tras pasar tres años en Picassent, aseguró que no había recibido "ninguna dádiva" y mantuvo que "nunca" había formado parte de "ninguna trama delictiva".
