Actualizado 01/12/2015 17:30 CET

Aerte cifra en 80 millones la deuda del Consell con el sector de la dependencia y pide un calendario de pagos para 2016

VALENCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) ha cifrado en 80 millones de euros la deuda del Consell con el sector y ha pedido un calendario periódico de pagos para 2016 que les ayude a "poner fin a la incertidumbre que supone el retraso" en los abonos.

Según ha informado la entidad en un comunicado, este lunes venció el plazo comprometido por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para abonar "gran parte" de la deuda que mantiene con el sector de asistencia a las personas dependientes y ha recordado que hace un mes junto con UGT-PV y FSS CCOO-PV, Lares y otras organizaciones pidieron una reunión a la titular de ese departamento, Mónica Oltra, "para concretar las condiciones del compromiso asumido" y "abordar la necesidad de dar solución a esta cuestión que ponga fin a los retrasos continuos en los pagos".

Aerte ha asegurado que la reunión no se ha celebrado todavía y la ddeuda acumulada "está alcanzado niveles muy preocupantes". Las partidas que aglutinan gran parte de los 80 millones se refieren al Bono Residencia -- del que afirman que en todo el año no se ha abonado cantidad alguna--; los centros de gestiones integrales --sin pagar desde mayo--; las Prestaciones Económicas Individualizadas (con la que se atiende a tutelados por la propia Conselleria) y las plazas concertadas.

Según Aerte, tanto sindicatos como empresas están "preocupados" por el "retraso" de la llegada del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que está aprobado, una cuestión que "repercute directamente en las personas dependientes, en los centros de atención, en las empresas y los trabajadores del sector en su conjunto".

La entidad ha recalcado que los servicios sociales "no pueden depender de recursos puntuales y extraordinarios como el FLA sino que deben estar dotados de recursos propios de la Generalitat para atender su pago" porque "las personas en situación de dependencia que son atendidas en algunos de estos centros y los trabajadores que se ocupan de ellos no deben estar pendientes de las diferencias entre las administraciones y tienen derecho a tener garantizados sus cuidados y sus nóminas, respectivamente".

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