CASTELLÓN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Borriol (Castellón), Adelino Santamaría, considera que es "completamente inocente" del delito de prevaricación del que le acusa el fiscal por no ejecutar unos decretos que acordaban la suspensión inmediata de unas obras y la demolición de las mismas.
El primer edil se ha manifestado así ante los medios de comunicación tras salir del juicio que se ha aplazado hasta el 15 de mayo debido a que no ha comparecido un perito de la defensa. Según ha dicho, afronta este proceso "con la confianza de que la Justicia funciona", y ha asegurado que él hizo todo lo correspondiente a un expediente de este tipo, "cuya infraestructura sigue en marcha porque tiene derecho a estar en marcha", ha apuntado.
El fiscal solicita para el alcalde una pena de ocho años de inhabilitación para empleo público por un delito de prevaricación, mientras que para los otros dos acusados demanda un año de prisión y una multa de 10.800 euros, así como que se les condena a la demolición a su costa de lo indebidamente construido.
Según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio fiscal, dos de los acusados, vecinos de Borriol, entre febrero y junio de 2004, "puestos previamente de acuerdo en la acción y despreciando el requisito de la obtención de licencia", en una parcela del municipio de Borriol, con una superficie de 1.762 metros cuadrados, en suelo no urbanizable de uso común, promovieron la construcción de una edificación consistente en un prefabricado de cuadradillo de hierro con techado de chapa y revestimiento de madera sobre postes anclados sobre una base de hormigón de unos 30 metros cuadrados, que destinaron a albergar una cuadra de caballos.
El alcalde de Borriol, también acusado, teniendo constancia de la existencia de la obra y de la ilicitud de la misma, el 22 de junio de 2004 y posteriormente, el 2 de agosto de 2005, por Decreto acordó la suspensión inmediata de las obras y desmonte de las mismas, respectivamente, sin adoptar medida alguna al respecto de la ejecución de los mencionados Decretos, que fueron notificados en tiempo y forma a los otros acusados.
Los vecinos acusados hicieron caso omiso a su contenido e incumplieron ambas resoluciones, en las que se requería primero a la suspensión de las obras y posteriormente al desmonte de las cuadras construidas.
No consta que hasta la fecha las cuadras hayan sido demolidas por los acusados a pesar del contenido de los Decretos, ni que se hayan adoptado medidas por parte del alcalde para la ejecución de las mencionadas resoluciones firmes, apunta el fiscal.
