VALENCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción considera que la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) es el órgano competente para conocer de la querella presentada por esta misma parte por la compra de la empresa Valmor Sports por parte del Consell, al considerar que existen "sólidos", "claros" y "evidentes" indicios delictivos contra el expresidente de la Generalitat y diputado del PP en las Corts y, por tanto aforado, Francisco Camps.
Así lo indica en un escrito de 37 páginas, de fecha de este mismo miércoles, en el que se pronuncia, a petición de la sala, sobre quién debe ser el órgano competente para instruir la querella formulada por la propia Fiscalía Anticorrupción contra la exconsellera, ex secretaria autonómica de comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Jonhson, el expiloto Jorge Martínez Aspar y Camps por presunta malversación, prevaricación y delito societario en la compra de la empresa Valmor Sports por parte del Consell en diciembre de 2011 para poder seguir celebrando el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia.
En el escrito, se indica que de los hechos apoyados en las diligencias practicadas hasta la fecha "se desprenden indicios concretos de la posible existencia de hechos delictivos que pueden imputarse al aforado, ya que se cumplen los requisitos fácticos y normativos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos".
Para el delegado en Valencia de la Fiscalía Anticorrupción, Vicente Torres, estos delitos derivan del hecho de haber negociado Camps "directamente" con el patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, los contratos para la celebración del GP en el circuito urbano de Valencia; que fue quien ordenó que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011 y quien ordenó a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa.
El fiscal destaca que la iniciativa para celebrar el GP "parte de Camps", según lo han declarado tanto el expiloto Adrián Campos como la jefa de Protocolo del Circuito del Motor, y además fue quien negoció todas las condiciones "incluidas las económicas".
LO "SUGIRIÓ" EL EXPRESIDENTE
De hecho, apunta que así lo manifestó el propio Ecclestone, quien afirmó la idea la "sugirió" Camps, con quien discutió la idea de utilizar un circuito urbano y quien le organizó una reunión en Valencia con presencia de la alcaldesa. Asimismo, recuerda una reunión con el expresidente en Londres en junio de 2006, sin especificar el contenido. El 26 de septiembre de ese mismo año, de acuerdo con el patrón de la F-1, hubo un encuentro en el Palau de la Generalitat con Barberá y Camps, que ya le llevó un "contrato de promoción proyecto carrera", que se firmó en junio de 2007 con Valmor Sports.
Además, añade que fue Camps quien dijo a Ecclestone, a través de una asesora, con quién debía contratar el 16 de mayo de 2007: Valmor Sports, de Jorge Martínez Aspar, de quien una testigo, según el fiscal, declaró que era "uy amigo" del expresdente y organizaba antes de los grandes premios cenas privadas con los patrocinadores en su Motor Home, a las que solían asistir tanto Camps como el expresidente de las Corts Juan Cotino.
Aspar afirmó que "desde el principio" sabía que quien iba a organizar el GP era la empresa pública Circuito del Motor. El contrato entre ambas partes se celebró en marzo de 2008 de acuerdo con el fiscal, Valmor carecía de infraestructura, personal, material y economía y no se fijó precio en él no la firma de Aspar pagó "ni un euro" al Circuito del Motor "ni siquiera se le exigió el pago", en perjuicio de los fondos públicos.
Para el fiscal, todos estos hechos, que incluyen una apariencia de contrato entre particulares cuando era una empresa pública la que iba a organizar el evento, constituyen un delito de prevaricación administrativa y malversación.
Tras el GP de 2008, al ver Valmor que no había obtenido el beneficio esperado, acudió a la Generalitat para volver a pedir ayuda económica. Ahí fue donde Camps "nuevamente" asumió el papel protagonista en el contrato entre esta firma y la Sociedad Proyectos Parques Temáticos (SPTCV), quien el 31 de julio de 2009 asumió a única obligación de pagar el canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".
La firma del contrato por el director de SPTCV, Eusebio Monzó, no lo fue porque él quisiera sino porque lo ordenó el vicepresidente Gerardo Camps, que no fue quien negoció con Ecclestone, ya que esto también corrió a cargo del ex jefe del Consell. El expresidente, según el fiscal, había viajado diez días antes a Londres para garatizar al patrón de la F1 que el canon anual lo pagarían a través de la SPTCV. para ello, se modificó el contrato en agosto, eludiendo los controles de la administración.
"VOLUNTAD PERSONAL"
El fiscal recalca que, en este caso, "la voluntad personal de una autoridad o funcionario público no puede constituirse en fuente normativa ni sustituir las disposiciones del ordenamiento jurídico, puesto esto supone un choque frontal" con los principios de la Constitución. Asimismo, señala que, de acuerdo con la Intervención General del Estado, este contrato tendría nulidad por no existir una "verdadera reciprocidad de prestaciones".
De esta forma, fue la Generalitat "la que pagó el canon anual de 2009, 2010 y 2011, liberando a los socios de Valmor Sports de esta obligación por decisión personal de Francisco Camps".
AVAL DE LA GENERALITAT
Por último, en el contrato de 19 de julio de 2011, la Generalitat pasó a ocupar el papel lugar de avalista que tenía Bancaja, tras la negociación "directa" de Ecclestone con Camps, quien ordenó la firma "de manera urgente", con lo que incumplió "de manera flagrante" toda la normativa en materia de avales. Señala el fiscal: "la urgencia vino dada porque Francisco Camps dimitió al día siguiente y supuso además que persona no determinada en ese momento, en atención a esa urgencia, tuviera que falsificar la firma del director de la SPTCV en ese momento, Nicolás Figueras", que estaba en viaje de novios.
La orden de hacerlo es "obvio" que partía de Camps y la que firmó fue la entonces consellera de Turisme, Lola Johnson, quien "carecía de competencia" para hacerlo al contravenir la Ley de Hacienda Pública y la normativa en materia de avales. Para el fiscal, se saltó "de manera grosera" el ordenamiento jurídico.
