VALNCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), Joan Llinares, ha anunciado que la AVAF ha publicado todas las resoluciones finales de investigación desde que comenzó su andadura en el año 2017, un total de 51.
Así lo ha anunciado Llinares este martes durante su comparecencia ante la Comisión de Economía de Les Corts para presentar la Memoria de Actividad de la Agencia correspondiente al año 2019; una comparecencia que se había retrasado debido a los problemas derivados de la actual situación de pandemia. Esta memoria se presentó en el registro de Les Corts el 30 de marzo pasado.
Respecto a las resoluciones, se trata de un total de 51: 8 corresponden al año 2017; 14 al año 2018 y 29 al año 2019. Además, se han sometido a un proceso de anonimización previo para preservar la identidad y los datos personales de las personas que aparecen en dichas resoluciones.
Además de este anuncio, la intervención de Llinares en la comisión ha tenido un leitmotif: la insistencia en la falta de personal y la prevalencia de pautas antiguas en la gestión, mientras que ha rechazado que se viva en "un ambiente de mucha corrupción".
De hecho, ha indicado que, muchas veces, cuando se producen alertas y se habla con los funcionarios, "la respuesta es que: 'Aquí se ha hecho así toda la vida'". En este sentido, ha apuntado que la ley de contratación pública de 2017 "lo trastocó todo" y "muchas cuestiones que toda la vida han sido legales, pasaron a ser alegales, a estar mal hechas o ser malas prácticas".
Al respecto, ha lamentado que a este cambio normativo "no le ha seguido un proceso de formación intensa de las personas con responsabilidades públicas, para saber la envergadura de adaptar nuestra normativa a los mandatos de la Unión Europea", y ha destacado que en la ley de 2017 se habla de la lucha contra la corrupción por primera vez.
"De todo esto, hay funcionarios que no se han enterado", ha alertado, y ha apuntado que los cursos que convocan desde Antifraude al respecto "agotan las plazas en 24 horas", por lo que ha considerado que "tendrían que hacer constantemente".
Por otra parte, se ha centrado también en la no renovación generacional, con una plantilla con una media de edad entre 52 y 55 años y en la que "cada año se jubilan más funcionarios de los que entran" lo que "genera una brecha que está impidiendo que nuevas generaciones se incorporen al ámbito de la administración pública" y "puedan recibir conocimientos de aquellos que se van porque se jubilan".
Esto, a juicio de Llinares, genera que "ayuntamientos de una magnitud multimillonaria tengan solo un servicio de contratación para ctodo el consistorio". Esta situación deviene en hechos como la aplicación de la fórmula del enriquecimiento injusto, es decir, facturas sin contrato por haber expirado este y no haberse convocado un concurso nuevo que, pasado un tiempo, pueden originar "la pérdida de los precios de mercado y la marginación de las empresas" por la "exclusión de la concurrencia".
"FACTOR DE RIESGO"
Durante su comparecencia, a Llinares se le ha preguntado sobre subvenciones, donde ha considerado: "El mundo de las subvenciones es un factor de riesgo de corruptelas y de corrupción en mayúsculas enorme" si este no se desarrolla con controles y sistemas de detección de desvíos.
"Dinamizamos la economía a través del fomento que llega a muchos ámbitos en subvenciones, pero sin los controles, sin los sistemas de detección de los desvíos, buena parte de este dinero se nos puede estar perdiendo por las alcantarillas de la corrupción".
En este sentido, ha incidido en que los problemas para los controles internos se relacionan en muchas ocasiones con la falta de personal.
En esta línea, ha indicado que una de las áreas "más oscuras" es la ejecución de los contratos, ya que "se está subcontratando absolutamente todo", y aunque ha dicho no tener "nada en contra" de las subcontrataciones, ha apuntado que "aparecen los conflictos de interés".
Por ello, ha señalado que hacen recomendaciones a las administraciones para que miren y revisen sus relaciones de puestos de trabajo para que lleguen "allí donde no se llega". "No llegar sí que cuesta muchos millones, y no lo que pueda costar una agencia", ha manifestado.
En este sentido, ha destacado que "el mal de la corrupción" comporta "un problema de reputación" que "afecta a las inversiones" y acaba "generando pobreza". Por ello, ha defendido que la agencia ayuda a conseguir "un nivel de respetabilidad" ya que "casos de corrupción hay en todos los lados, incluso en Suecia", pero "en unos lugares son anecdóticos".
Sobre la situación de la Comunitat Valenciana, ha valorado que "tiene uno de los marcos de integridad y de legalidad mejores que hay en todo el estado" y ha citado la ley de lobbies, la inspección de servicio y las incompatibilidades.
COSTE DE LA AGENCIA
Por otra parte, Llinares ha defendido que la agencia ha reducido "un poco" su coste en 2021, y ha esperado poder "reducirlos más" el próximo año si se supera el problema de alquiler de la sede que arrastran. "Si podemos rebajar esos 10.000 euros, los rebajaremos sin dudas", ha indicado.
En concreto, ha aspirado a conseguir "lo que es normal con las agencias antifraude de nuestro ámbito": "Que el balance entre lo que se recupera o lo que se impide que se malgaste y el coste de la propia institución sea favorable a la propia institución a la que está adscrita, en este caso, al parlamento y a la sociedad".
