Camarero asegura que el arraigo contará para acceder a una vivienda, "a petición de los alcaldes"

Anuncia fondos para fachadas afectadas por la dana y para víctimas de violencia sexual

PSPV y Compromís afean que no declare zonas tensionadas y haga "bizums a propietarios", mientras Vox exige prioridad nacional y recortes en materia LGTBI

   VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

   La vicepresidenta y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha afirmado que la Generalitat tendrá en cuenta el arraigo a la hora de acceder a una vivienda, "a petición también de los alcaldes", al tiempo que ha destacado que el proyecto de presupuestos para 2026 contempla 40 millones de euros para aumentar la oferta de viviendas de protección pública (VPP) y 26,9 millones en ayudas al alquiler.

   Además, ha avanzado que habrá una actuación para reparar y reconstruir fachadas afectadas por la dana y que se ampliarán las ayudas a todos los ascensores dañados. Otras partidas que ha resaltado son un aumento del 11% en el presupuesto de "lucha contra la violencia sobre la mujer" o una nueva línea de 600.000 euros en ayudas para víctimas de violencia sexual.

   Camarero ha iniciado la ronda de comparecencias de los consellers en la comisión de Presupuestos de Les Corts, antes de que dé comienzo la tramitación parlamentaria de las cuentas autonómicas, anunciadas tras un acuerdo entre el Consell y Vox basado en tres pilares: prioridad nacional, reducción fiscal y vivienda.

   En general, el presupuesto de la Conselleria asciende a 679,5 millones y destina “tres de cada cuatro euros” a Vivienda y Empleo. Los fondos para Vivienda alcanzan 349,8 millones (+15%), para empleo casi 204 millones, para igualdad 86 millones y para jóvenes 36 millones. Hay 143 millones presupuestados para seguir necesidades tras la dana.

   En Vivienda, la consellera pretende aumentar la oferta para garantizar el acceso a jóvenes, familias y colectivos en situación de vulnerabilidad. Según ha apuntado, la Generalitat destinará más de 64 millones anuales al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para financiar el 40% de actuaciones, mientras ha criticado que el Gobierno “sigue la máxima de ‘yo invito y tú pagas’” y plantea “recetas fracasadas”.

   Los fondos para alquiler se distribuyen entre 18,5 millones para alquiler general y 8,4 millones para el Bono Alquiler Joven 2026, que “se complementarán con el dinero que aporte en su caso el Ministerio”. Camarero ha reiterado que este bono ha contado con fondos “que no tuvo con el Botànic” y que ha logrado en dos años el "récord de 24.747 beneficiarios”.

   Como novedad, ha anunciado una línea de 3,6 millones para movilizar viviendas vacías para alquiler asequible. Paralelamente hay 6,3 millones en ayudas a jóvenes para comprar viviendas en pueblos, medio millón en prestaciones de urgencia para alquiler o hipotecas y de nuevo 550.000 euros para afectados por el incendio de Campanar.

EL DOBLE DE AYUDAS CONTRA LA OKUPACIÓN

   En materia de okupación se duplican las ayudas a los afectados hasta medio millón, junto a 450.000 euros en la línea de compensación de arrendadores por suspensión de alzamientos judiciales. También hay un “plan de choque” con 850.000 euros para reforzar la seguridad del parque público.

   Respecto a la dana, la inversión en vivienda asciende a 109,4 millones, con 55 millones para el plan Vive –hay 21 millones adjudicados y casi cien pisos licitados–, 18 millones en ayudas al alquiler, tres millones para compra o 100.000 euros en revisiones de pisos afectados. En materia laboral se destinan 33,61 millones a apoyar el empleo en zonas afectadas y 19,5 millones para reconstruir el centro formativo de Catarroja y otros espacios.

   Dentro de Empleo, la consellera ha justificado que se reduzca por la finalización de actuaciones de la dana y falta de fondos europeos. Labora cuenta con 155 millones de fondos propios, hasta 452,4 millones, y aumenta la formación ajustada a necesidades del tejido productivo de 580.000 euros a 2,5 millones.

17,6 MILONES AL CLÚSTER DE ALMUSSAFES

   Se destinan 38,14 millones a ayuntamientos y se mantienen los 17,6 millones del Mecanismo Red Automoción para apoyar a 6.000 trabajadores del clúster de Almussafes, donde está la planta de Ford.

   El presupuesto de Igualdad asciende a 85,5 millones, de los que 4,5 millones se destinan al Plan Corresponsables. Camarero ha criticado que el Ministerio recortó un 25% los fondos en 2025 y ha reivindicado que la Generalitat lo “mantiene vivo”, junto a ayudas para despertar vocaciones científicas o fomentar el movimiento asociativo femenino.

   La consellera ha sostenido que la bajada del presupuesto en materia de diversidad, un 12,65% menos hasta 18,6 millones, está condicionada al fin de actuaciones de la dana. Ha defendido la decisión de asumir la gestión directa del Espai de la Memòria y del servicio Orienta, así como de disolver los "ineficaces" Atlas e IgualaT.

REGULARIZACIÓN DE LOS CENTROS MUJER

   Por su parte, el comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer destinará 17 millones a la red de Centros Mujer, con la regularización de estos espacios “tras años sin contrato” y la incorporación de cuatro letradas.

   El programa Alba, para víctimas de explotación sexual, aumenta un 35% hasta 1,8 millones, junto a una nueva línea de 600.000 euros para víctimas de violencia sexual. Otros fondos se destinan al plan de prevención del uso de pornografía entre jóvenes o a los puntos violeta.

   En cuanto a Juventud, el presupuesto del IVAJ alcanza 36 millones, un 30% más, de los que se destinan 361.000 euros al Consell Valencià de la Joventut o 300.000 euros a Fotur para “dinamizar el Carnet Jove”.

GRUPOS

   Entre los grupos, Benjamín Mompó (PSPV) ha afeado a Camarero que presente un presupuesto “continuista, sin ambición y claramente insuficiente contra violencia de género”, con “recortes” en ayudas a sindicatos en igualdad y prevención.

   El diputado socialista también considera que “no está a la altura” para responder a la crisis de vivienda, al no declarar zonas tensionadas, y que faltan controles en la adjudicación de VPP para evitar escándalos como el de Alicante.

   Desde Compromís, Mª José Calabuig ha cargado contra el aumento de ayudas contra okupación, “como si fuera el principal problema”, y contra las prestaciones a propietarios: "Ustedes hacen un bizum a fondos buitres, grandes tenedores o propietarios que alquilan habitaciones por 600 euros".

   Ha reprochado a Camarero que “borra cualquier referencia a las políticas LGTBI”, con “un tijeretazo de más de 800.000 euros al servicio Orienta”. “Compra todo el discurso de la extrema derecha para seguir ahí sentada y aforada”, le ha acusado.

   Y el diputado de Vox Miguel Pascual ha instado a la consellera a agilizar procesos urbanísticos y reducir “todas las cargas regulatorias y fiscales”. Lo “más importante” para su partido es que se aplique la “prioridad nacional” para que el acceso a la vivienda se base en un “arraigo real, un empadronamiento prolongado”, así como que “los delincuentes por okupación” no puedan acceder a VPP.

   Su compañera Ángeles Criado ha advertido que Vox exigirá suprimir partidas que “prolongan la ideología progre, como la Oficina Valenciana de Inclusión, que parece sacada de la manga para colaborar con la campaña de regularización o la campaña de turismo LGTBI".

   En sus réplicas, Camarero (PP) ha contrapuesto la “sensatez” de Vox con las críticas de la izquierda. "En tres años no se soluciona el desastre que han dejado. Ahora hay grúas donde antes no había", ha dicho, y ha subrayado que no piensa aplicar zonas tensionadas porque son "el gran fracaso del Gobierno".

   Sobre la “prioridad nacional” que exige Vox, ha aclarado que se tendrá en cuenta el “arraigo” en la ley de acompañamiento a los presupuestos a la hora de acceder a una vivienda, “a petición también de los alcaldes”. Ha avanzado además que la ley de medidas fiscales incluirá “mejoras” en la adjudicación de VPP.