Catalá asegura que la apertura de diligencias de Fiscalía es un "trámite" y defiende "transparencia" en los procesos

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha subrayado que la Fiscalía "siempre" abre diligencias tras una denuncia "sea más fundamentada o menos", por lo que ha asegurado que la investigación abierta por Anticorrupción contra ella misma y la presidenta del Puerto, Mar Chao, por presunta prevaricación en relación a la recolocación de personal público del Consorcio Valencia 2007, es "un trámite que, evidentemente, tras una denuncia de la Fiscalía se suele hacer con absoluta normalidad".

Así lo ha manifestado la primera edil a preguntas de los medios sobre esta investigación abierta en relación con una supuesta "recolocación" de personal público "a dedo", que afecta también a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet y a cuatro trabajadores públicos.

La alcaldesa ha anunciado que pondrán disposición de la Fiscalía "todo el expediente completo" de la liquidación del Consorcio, el expediente interno de la Fundación de Visit València y el proceso del administrativo que compete al consistorio y que accedió al otro puesto "a través de un concurso de oposición, con todas sus bases totalmente arreglado y, por cierto, tras el que no hay ninguna reclamación". "Ni una sola reclamación; es que no hay ningún recurso ni una reclamación en este ayuntamiento ni en las entidades del sector público referentes a esta actuación", ha defendido.

En lo que compete al Ayuntamiento de València, Catalá ha explicado que la investigación es por un empleado público que trabajaba en el Consorcio Valencia 2007 y que accedió a través de un procedimiento concurso-oposición "totalmente transparente" a una plaza de la Fundación Visit València.

La alcaldesa ha detallado que el Consorcio 2007, que en la actualidad se encuentra en liquidación, es una entidad de derecho público, integrada por la Administración General del Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de València. Según ha relatado, el Consejo Rector de este consorcio, en fecha 30 de mayo de 2022, acordó en cumplimiento de sus estatutos proceder a la "disolución y liquidación" del mismo.

Uno de los principales activos de ese Consorcio, ha incidido, era su personal, quienes eran empleados públicos. "Por parte de los representantes municipales se ha mostrado siempre, desde el principio, interés en la situación de los trabajadores de este Consorcio. En mayo de 2022, ya el alcalde Ribó apostaba por la continuidad de estos trabajadores que, evidentemente, se han visto tras una liquidación inmersos en un Expediente de regulación de empleo (ERE)", ha asegurado en alusión al entonces primer edil, Joan Ribó (Compromís).

También ha desgranado que durante el proceso de liquidación se emitió un informe de la Abogacía del Estado --de 10 de enero de 2024-- en el que se concluía que la liquidación y extinción del consorcio suponía la extinción de los contratos de trabajo del personal del mismo y su despido mediante las técnicas de despido colectivo. Esta decisión, ha remarcado, "supuso que varios representantes municipales, tanto del gobierno como de la oposición, se interesaran por estos trabajadores".

DENUNCIANTES "PARA SORPRESA"

"Incluso concejales de Compromís, que son los ahora denunciantes para sorpresa, pedían literalmente en mociones al consistorio que se evitaran los despidos y en una moción al Pleno del Ayuntamiento pidieron literalmente su reasignación dentro de la Administración. Cuestión que no pudo realizarse porque había un informe contrario de la Secretaría Municipal que negaba esta posibilidad", ha señalado la alcaldesa 'popular'.

Por tanto, "el mismo denunciante pedía a través de una moción aquello que ahora denuncia, pues pedían que reasignáramos a dedo a los once trabajadores de la Administración Pública. Es más, identificaban dónde". Catalá ha recordado que la formación valencianista votó a favor y el Partido Popular en contra porque "había un informe en el secretario municipal que negaba esta posibilidad".

"En el Real Decreto 1483/2012, se aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo de los ERE y se contempla como prioridades de estos procedimientos la recolocación interna de los trabajadores en la misma empresa o en el grupo de empresas de las que formen parte. En el caso de la Administración Pública, estas pueden ser compatibles mediante los principios que rigen el acceso al empleo público", ha continuado.

Y ha agregado que, en el caso del Ayuntamiento, la Secretaría Municipal "siempre se mostró en contra de cualquier subrogación, que era lo que pedía Compromís, en la medida en que estos trabajadores no eran integrantes de una entidad adscrita al mismo, sino en la Administración General del Estado".

La primera edil ha recalcado también que este planteamiento "ha sido defendido por el Ayuntamiento en sede judicial", con pronunciamientos favorables como la sentencia del Tribunal Supremo 1174/2025.

"Evidentemente, el Ayuntamiento contempló, porque así lo pedía incluso la oposición, el acceso de quienes ya tuvieron la condición de empleados públicos, previamente, en los procesos de selección para personas provenientes del sector público. Es decir, donde tuvieran algunas vacantes. Y siempre en el régimen de derecho laboral y en los términos legales que resultaran de aplicación", ha apuntado.

En este caso, ha continuado, "lo que supuestamente compete al Ayuntamiento de València es que uno de ellos, un administrativo, se presentó a una plaza que ya existía y que las había creado el anterior Gobierno municipal --formado por Compromís y PSPV-- mediante un concurso oposición al que accedió con absoluta transparencia".

INFORMACIÓN A DISPOSICIÓN DEL FISCAL

Preguntada sobre que "dos ex trabajadores pusieran ante notario los dos nombres que finalmente consiguieron esas plazas", Catalá ha insistido en que a ella solo le compete el Ayuntamiento y no puede hablar por la Autoridad Portuaria. "Puedo hablar por mi administración, que es la del Ayuntamiento de València, de los once trabajadores que tenían todo el derecho del mundo porque estaban inmersos en un ERE", ha apostillado.

Y ha señalado: "Uno de ellos accedió a una plaza, una creada antes de que yo fuera alcaldesa, y lo hizo por concurso-oposición siendo previamente empleado público y, además, con un absoluto proceso transparente y riguroso. Por tanto, toda esta información, por supuestísimo, la vamos a poner a disposición del fiscal. Y no solo eso, sino también las mociones del Partido Socialista y Compromís que ponían negro sobre blanco y votaron a favor teniendo en contra un informe de la Secretaría Municipal que reasignáramos los once trabajadores a puestos de este Ayuntamiento".

En este punto, ha declarado que cree que el fiscal "va a tener que estudiárselo todo porque evidentemente es indicativo los antecedentes del denunciante, es decir, el ejercicio de una acción penal por quienes presentaron y votaron a favor de una moción que implicaba que se iniciara un expediente de reasignación para estos trabajadores del sector público en contra del informe del secretario municipal, es curioso, ya que ellos ahora denuncian precisamente esto, siendo una actuación por parte del denunciante totalmente esperpéntica".

Con todo, ha precisado que en la Fundación Deportiva Municipal actualmente no hay ninguna persona que haya sido trabajadora anterior del Consorcio Valencia 2007 y en la Fundación Visit València hay una persona que, siendo empleado público, optó a una plaza que ya se había creado por el anterior gobierno municipal "a través de un concurso-oposición al que se presentó quien quiso" y "que tiene unas bases, un tribunal y que por supuesto está a disposición de cualquiera que quiera consultarlo y especialmente el Estado".