VALENCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CGT ha solicitado este miércoles la nulidad de las contrataciones del personal de Imelsa que han "incumplido flagrantemente los principios constitucionales de acceso al empleo público de igualdad, mérito y capacidad" y ha exigido a los nuevos gestores de la Diputación que "reconsidere" la solución de pagar "indemnizaciones millonarias" por despido.
Así lo ha indicado la central sindical en un comunicado en el que ha recalcado la necesidad de "replantearse el posible despido de los trabajadores que accedieron a través de estas contrataciones" porque "supondría el pago de indemnizaciones millonarias a personal que fue contratado" de forma "irregular" y dado que "como reconoce la propia Diputación, los contratos se realizaron de forma fraudulenta".
La CGT ha presentado ante la Diputación una solicitud de revisión "de oficio" por entender que las contrataciones "irregulares" son "nulas, por lo que las consecuencias son bien distintas a los despidos" que se plantearía la corporación y que "supondrían un desembolso millonario con cargo a los maltrechos y saqueados fondos públicos, lo cual además beneficiaria a quienes accedieron a un empleo público de forma ilegal y fraudulenta".
"No existe posible despido si la contratación fue fraudulenta, existe una causa de nulidad de pleno derecho clara, puesto que en la selección de ese personal se prescindió total y absolutamente del procedimiento legal establecido. Si se declara la nulidad de los contratos no procedería indemnización alguna", ha manifestado el sindicato.
Además, CGT exige que se "depuren responsabilidades de los gestores que realizaron la contratación fraudulenta, a sabiendas de la manifiesta ilegalidad, responsabilidad que tendría naturaleza penal".
Al respecto, CGT recuerda que la denuncia presentada por el sindicato ante la Fiscalía Anticorrupción por casos de "enchufismo" en la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), dependiente del Consell, ha dado lugar a la correspondiente denuncia de la Fiscalía ante el juzgado "para que prosiga la investigación judicial penal".
Según el sindicato, "la situación detectada en la Diputación ha sido lo habitual en el sector público empresarial dependiente de cualquier administración pública, siendo especialmente preocupante la situación del sector público de la Generalitat, lo que va a exigir la adopción de medidas claras y contundentes para frenar la entrada fraudulenta de personal que accedió de forma ilegal, así como evitar indemnizaciones multimillonarias por despidos, cuando lo que procede es la anulación de los contratos ilegales".
