Compromís negocia en el Congreso una propuesta de ley para frenar el "agujero negro" de los alquileres de temporada

VALÈNCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Compromís negocia en el Congreso una propuesta de ley para frenar el "agujero negro" y la "sangría" de los alquileres de temporada y confía en que "si todo va bien" se pueda votar este mes de febrero. La iniciativa quiere obligar a justificar la "causa real" de un contrato temporal y que, si no está debidamente acreditada, el contrato pase automáticamente a ser de larga duración, con una vigencia mínima de cinco años.

Además, plantea limita la duración máxima de los contratos temporales y prohíbe cargar a las personas inquilinas gastos como el IBI, seguros o costes de comunidad. También pone fin a "prácticas abusivas cada vez más habituales", como cobrar por visitar una vivienda o exigir honorarios ilegales, y "refuerza los derechos" de las personas inquilinas frente al incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento por parte de los propietarios.

En el caso del alquiler de habitaciones, propone que la suma del precio de las habitaciones no pueda superar el coste del alquiler de la vivienda completa para evitar situaciones de "pura especulación".

De este modo lo han indicado el diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez y la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en una rueda de prensa este viernes, en la que han advertido de que la situación de la vivienda en la capital valenciana ha entrado en una fase "crítica" marcada por la "explosión" del alquiler de temporada.

Así, han señalado que esta "fórmula pensada para casos puntuales" y que se ha convertido en "una vía masiva para esquivar los derechos de las personas inquilinas", han denunciado, ha crecido un 68 por ciento en el último año. "València se ha convertido en una jungla para personas que quieren vivir en ella", ha admitido Robles.

EL "REFUGIO PERFECTO"

La edil ha advertido de que el alquiler de temporada "se ha convertido en el refugio perfecto para quien quiere eludir duraciones mínimas, estabilidad, límites de precio y derechos básicos" y ha alertado de un "doble fraude": "Se utiliza para esquivar la normativa del alquiler turístico y también para eludir la de larga duración".

Robles ha citado el informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, cuyo director, Fernando Cos-Gayón López, "no es santo de nuestra devoción", que releva que en un año los contratos temporales han pasado de representar el 21,4% del total a finales de 2024 al 36% a finales de 2025. Y ha señalado que en plataformas como Idealista "casi uno de cada cuatro anuncios de alquiler ya es de temporada".

Para Compromís, el problema ya no es solo el precio, sino la pérdida de derechos. "Hablamos de personas que viven, trabajan y escolarizan a sus hijos aquí, pero que encadenan contratos de seis, nueve u once meses sin ninguna seguridad. Eso es precarización residencial", ha expuesto Robles.

También ha alertado de que el alquiler de temporada se ha convertido en la "puerta trasera" de los apartamentos turísticos ilegales. "Muchos pisos que no pueden legalizarse como turísticos funcionan, de facto, como alojamientos turísticos encubiertos. Es el mismo negocio, pero con otra etiqueta", ha afirmado.

Desde el ámbito municipal, Compromís ha propuesto la creación de un Observatorio Público Metropolitano de la Vivienda. "Porque el problema debe medirse y entenderse; público, para que no esté condicionado por intereses privados; y metropolitano, porque la expulsión residencial ya desborda el término municipal de València".

NO APOYARÁN LAS MEDIDAS DE SÁNCHEZ

Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez ha garantizado que la coalición no apoyará las últimas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque a su juicio "no responden ni a la realidad del siglo XXI ni a las necesidades de las personas más vulnerables". Según ha advertido, el mercado del alquiler vive "una situación límite que exige decisiones valientes e inmediatas, no parches".

Compromís ha planteado una moratoria de los alquileres que afectaría a más de un millón y medio de personas en el Estado, entre ellas cerca de 155.000 valencianos, y ha recordado que esta medida ya se aplicó durante la pandemia, con prórrogas sucesivas, por lo que, "si ahora no se activa, no es por falta de cobertura constitucional, sino por falta de voluntad política".

Alberto Ibáñez ha alertado también de una "desigualdad creciente" entre propietarios e inquilinos y ha concretado que en la Comunitat Valenciana la brecha entre unos y otros es "la más alta de todo el Estado, con una diferencia media de más de 24.000 euros anuales".

"Los poderes públicos deben decidir a quién protegen", ha subrayado, al tiempo que ha criticado las bonificaciones fiscales propuestas por el PSOE, que "solo han servido para que los precios sigan subiendo mientras se dejan de ingresar recursos que habrían permitido ampliar de manera masiva el parque público de vivienda".

Finalmente, Ibáñez ha denunciado que muchas de las medidas propuestas por Compromís no se aplican en València porque el gobierno municipal "se niega" a declarar la ciudad como zona tensionada y a aplicar la Ley de Vivienda. Una situación que favorece "la llegada de fondos buitre y la compra especulativa de edificios enteros". "La vivienda debe cumplir una función social y estar al servicio del interés general", ha reivindicado.