VALENCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia exigió hoy en el consejo de administración del Palau de la Música el cese en sus funciones de la presidenta del organismo autónomo, Mayrén Beneyto, como consecuencia de la "censura inicial y posterior suspensión" de la obra 'Roger de Flor' de Ruperto Chapí, que ha ocasionado un coste de 36.000 euros.
Así, el concejal Juan Soto, representante socialista en el consejo, consideró que se trata de "una falta muy grave que no debe quedar sin respuesta política". El edil recordó en rueda de prensa que los responsables del auditorio decidieron "inicialmente alterar y manipular el texto original, sustituyendo el término 'catalán' por 'valenciano' y que, al ser descubiertos, dijeron que se trataba de un regalo a los valencianos".
Posteriormente, "tras el estallido del escándalo, optaron por suspender la representación de la obra en el día previsto y posponerla a otra ocasión, en la que sería representada en italiano".
Soto presentó unas preguntas al respecto en el último pleno municipal en las que solicitaba una copia del libreto resultante para constatar el alcance de los cambios introducidos y se interesaba por el coste económico de las indemnizaciones y gastos generados por la suspensión.
Por su parte, el equipo de gobierno "no entregó el libreto y aseguró que con las modificaciones se pretendía realizar una exaltación valenciana y que los cambios en el mundo musical son una práctica habitual", relató Soto.
Además, sostuvo que "el hecho de no haber representado esta obra no ha generado ni gastos extraordinarios ni indemnizaciones, sino única y exclusivamente el pago de correspondiente a los ensayos realizados".
Sin embargo, Soto aseguró haber tenido acceso a las transferencias realizadas por el auditorio a los cuatro cantantes y el director contratados para la ocasión y afirmó que "la censura sí que ha generado gastos directos por la suspensión del concierto".
De hecho, Soto detalló que la cláusula décima del contrato firmado con los artistas establece que "en caso de incumplimiento por causas que no sean de fuerza mayor, la parte responsable indemnizará a la otra por los daños y perjuicios, que se calculan, como mínimo, en el 50% del caché fijado, tanto para el organismo como para el artista".
Así, dijo, la suspensión ha supuesto un pago de 28.000 euros a los cuatro cantantes y al director, así como de 6.000 euros a los músicos que habían sido contratados como refuerzo, y de alrededor de 2.000 por viajes, alojamientos y dietas. En total, "la censura inicial y posterior suspensión ha tenido un coste de al menos 36.000 euros".
"ATENTADO SECTARIO"
"En cualquier ciudad democrática el responsable político de este atentado sectario contra la libertad de expresión no estaría ya al frente de sus responsabilidad", afirmó Soto.
"Quien censura y vulnera los derechos de autor, quien suspende un concierto y dilapida decenas de miles de euros de todos los valencianos, quien miente en unas respuestas al pleno, debería dimitir o ser destituido inmediatamente; pero en Valencia, en el gobierno de la señora Barberá, censurar, dilapidar dinero público y mentir tiene premio", lamentó el edil.