Archivo - Estragos de la DANA en las calles de Paiporta (Valencia), a 2 de noviembre de 2024 - JORGE GIL / EUROPA PRESS - Archivo
VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un total de 17 organizaciones valencianas, entre ellas asociaciones de víctimas, Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció, entidades agrarias, ecologistas, han redactado el manifiesto 'De la reconstrucción de hormigón a la justicia social, ambiental y agroecológica' en el que exponen que, dos años después de la dana, la reconstrucción "sigue confiando en el asfalto" y 'piden un "giro radical" en estas políticas.
El manifiesto plantea un decálogo de demandas prioritarias como, por ejemplo, una moratoria urbanística en zonas de riesgo; la renaturalización de los cauces y la apuesta por suelos vivos con cubiertas vegetales; una reconstrucción agroecológica con precios justos para las familias productoras; trasladar colegios, residencias y centros sanitarios fuera de las áreas de peligro y que haya "justicia climática".
"Dos años después de la dana más devastadora de la historia del Estado español, la reconstrucción no puede limitarse a reparar infraestructuras de hormigón, sino apostar por la justicia social, ambiental y agroecológica para no repetir errores pasados y proteger realmente a la población", sostienen las entidades firmantes del manifiesto conjunto.
Los colectivos denuncian que, tras repetirse recientemente nuevos episodios torrenciales en la Comunitat Valenciana --la dana Adam--, las administraciones públicas "continúan cometiendo los mismos errores del pasado: una reconstrucción centrada en el asfalto, escolleras rígidas de hormigón y parches asistenciales que perpetúan el modelo de vulnerabilidad territorial que agravó la catástrofe".
Frente a ello, reclaman una "transformación profunda con dotación presupuestaria suficiente, transparencia y participación comunitaria vinculante. El manifiesto incluye un decálogo de demandas "prioritarias" de la sociedad civil en forma de diez ejes estratégicos de "obligado cumplimiento" para las administraciones a nivel local, autonómico y estatal.
Así, plantean una transformación "profunda" del territorio, del modelo agrario y de la política climática, "superando la reconstrucción tradicional de hormigón para frenar el calentamiento global por debajo del límite de 1,5 °C". Para lograrlo, propone impulsar las comunidades energéticas ciudadanas y exige aplicar una "estricta justicia climática que obligue a las corporaciones fósiles a sufragar los daños y la adaptación de los pueblos".
"Después de 233 muertos, no aceptamos que la lección de la dana sea solo construir más rápido. La lección debe ser construir mejor, con seguridad y, sobre todo, saber también dónde no se debe construir", ha señalado Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre.
Por su parte, Helena Cifre, coordinadora de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), con sede en Catarroja, ha apuntado que "reconstruir no es volver al modelo intensivo"."Los suelos vivos con cubierta vegetal retienen agua y frenan la erosión. Los setos, ribazos y bosques de ribera ralentizan las riadas y dan refugio a la fauna auxiliar. Pedimos apoyo técnico, formación, inversión y precios justos para las familias productoras El consumo local y agroecológico debe ser parte de la reconstrucción", ha manifestado.
En esta línea, Francisco del Pozo, responsable de la campaña contra los combustibles fósiles de Greenpeace, ha indicado que hay que "tener claro que la adaptación tiene límites, no habrá bosque de ribera ni dique de hormigón capaz de protegernos en un clima desbocado. La ciencia es clara: la única forma de frenar esta espiral de temporales extremos es abandonar de raíz los combustibles fósiles y apostar por las renovables. Es un profundamente inmoral que la factura del cambio climático la esté pagando la ciudadanía con sus impuestos, mientras los verdaderos causantes: las empresas petroleras y gasistas, celebran cada día beneficios récord. Quien contamina, debe pagar y reparar".
MORATORIA INMEDIATA
En el plano urbanístico e hidrológico, el manifiesto exige una moratoria "inmediata" a nuevos desarrollos en zonas de riesgo y la congelación de licencias de obra, "blindando los suelos agrícolas y renaturalizando los cauces fluviales mediante vegetación de ribera y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para que la tierra actúe como una esponja natural frente a temporales extremos".
Esta transición se apoya en una estrategia "decidida de reconstrucción agroecológica y soberanía alimentaria, priorizando suelos con cubierta vegetal, asesoramiento técnico y precios justos para el campesinado frente al modelo agroindustrial intensivo".
Asimismo, las demandas colocan los derechos sociales, los servicios esenciales y la seguridad comunitaria en el "corazón" de la reconstrucción, para lo que exigen "el rediseño adaptativo o el traslado fuera de las áreas de peligro de infraestructuras críticas como colegios, residencias y centros sanitarios, además de priorizar una red metropolitana de transporte público y el modelo de 'ciudades de 15 minutos' frente a la dependencia individual del coche".
En materia de vivienda, las organizaciones reclaman "urgentemente" regular el precio de los alquileres para frenar la especulación, ampliar el parque público social y rehabilitar hogares bajo estándares de cero emisiones.
Finalmente, el manifiesto defiende una gobernanza biorregional y descentralizada que reconozca a los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLERs) en mesas territoriales permanentes, junto a una gestión de emergencias "basada en la verdad, la asunción de responsabilidades y la formación continua de la población a través de simulacros periódicos".
