Fiscalía investiga a la alcaldesa de València y la presidenta del Puerto por presunta prevaricación

   VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)

   La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación penal contra la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, por presunta prevaricación en relación con una supuesta recolocación "a dedo" de personal público del Consorcio Valencia 2007.

   Tal y como ha adelantado The Objective y ha confirmado Europa Press, las diligencias de investigación se dirigen contra Catalá --también presidenta del Consorcio Valencia 2007--, Chao, las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, y cuatro trabajadores públicos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Según un decreto de la Fiscalía del pasado 11 de marzo, se ha designado ya fiscal instructor.

   El caso surge de una denuncia interpuesta por el grupo municipal Compromís de València en febrero de este año en relación con la creación de puestos de trabajo en diferentes entidades municipales para personal del Consorcio Valencia 2007, entidad liquidada que gestionaba La Marina y estaba integrada por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento.

   En primavera de 2024, cuando el Consorcio estaba en proceso de liquidación, se lanzaron diferentes procesos selectivos en el consistorio, en fundaciones municipales y en el Puerto que habrían servido para "recolocar" a determinadas personas.

   Compromís per València considera que existe "una estrategia de concertación para que determinadas personas que procedían del Consorcio Valencia 2007 tengan un puesto donde poder aterraizar, o bien en un organismo del sector público municipal, o bien como fue finalmente en la Autoridad Portuaria de Valencia", han explicado la portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Papi Robles, y el concejal Ferran Puchades, en una rueda de prensa para explicar la denuncia.

   Para ello, "se preparan en paralelo y de manera coordinada siete procesos de contratación que tienen un perfil muy determinado para determinadas personas". De hecho, los concejales han destacado que un grupo de trabajadores acudió a una notaría para "dar fe de quiénes iban a ser las personas que van a ser contratadas" en algunas de las plazas y acertaron los nombres antes de su asignación.

AL MENOS SIETE PROCEDIMIENTOS

   Tal y como consta en la denuncia, la APV y al menos dos fundaciones municipales --la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y la Fundación Visit València-- activaron de forma pararela "y concertada" al menos siete procedimientos administrativos para "llevar a cabo una fórmula de subrogación encubierta" de trabajadores del Consorcio a través de la convocatoria de plazas para cubrir puestos directivos de la FDM, Visit València y la APV.

   Así, la FDM que preside Rocío Gil aprobó el 18 de abril de 2024 dos convocatorias de ocupación pública para puestos directivos específicamente vinculados a infraestructuras y al área económico-administrativa.

   Al mismo tiempo, por resolución de Presidencia, se aprobaron inicialmente las bases específicas para la convocatoria pública del procedimiento de concurso de méritos abierto a otras administraciones públicas y entidades para la provisión definitiva del puesto de trabajo de Dirección de Sección con destino al Servicio de Infraestructuras.

   Por su parte, la Fundació Visit València, que preside Paula Llobet, publicó en las mismas fechas otras tres convocatorias de empleo dirigidas, en el primer caso, a la cobertura de un puesto de técnico jurídico para personal de entidades del sector público; en segundo caso, de selección de personal, mediante el sistema concurso-oposición, para cubrir un puesto de técnico de productos/promoción/counicación; y, en tercer lugar, para un puesto, con relación funcionarial de carrera o laboral fija o indefinida, "que también iba dirigido a subrogar irregularmente a personal del Consorcio".

   Esta última plaza, según se denunció, acabó adjudicándose a un trabajador del Consorcio, mientras que las otras dos convocatorias fueron declaradas desiertas.

   Paralelamente "y de manera coincidente con la cronología de los hechos", el 24 de abril de 2026, la APV lanzó otros dos procesos administrativos para cubrir plazas similares --también en infraestructuras y área económica-- con la convocatoria de pruebas selectivas con perfiles muy determinados para un puesto de subdirector de Infraestructuras y otro de jefe de apoyo a la Gestión Económica Financiera, adjudicados finalmente a dos empleados del Consorcio.

   Posteriormente y tras el despido de toda la plantilla del Consorcio, el 16 de julio de 2024, la Presidencia de la OAM Fundació Esportiva Municipal firmó el desestimento de las dos convocatorias a las que se habían presentados estos candidatos.

    Al mismo tiempo, una técnica del departamento legal del Consorcio acabó "recolocada" en un puesto de trabajo como funcionaria interina del Servicio de Figuras de Calidad Alimentaria de la Conselleria de Agricultura, bajo las órdenes de la directora general de Producción Agrícola, María Àngels Ramón-Llin.

INFORME DE INTERVENCIÓN

   Respecto a estas convocatorias, Compromís alude también en su denuncia a un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que indica que "la gestión de las plazas convocadas para personal excluido del convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad".

    Así, la Intervención Regional de València detectó diversas convocatorias de plazas en las cuales podría darse esta situación, se apunta en el escrito.

"AGENCIA DE COLOCACIÓN"

   Papi Robles ha aseverado que la alcaldesa María José Catalá "lo que está haciendo es convertir el Ayuntamiento de València en una agencia de colocación para los suyos". "Cuando el PP gobierna, esto se convierte en una agencia de colocación para gente del PP o para gente muy cercana a la señora Catalá con el dinero y los puestos de trabajo que deberían ser para todos y todas en libre concurrencia, con transparencia y en función del mérito y la capacidad", ha señalado.

   Robles ha realizado un llamamiento a que cualquier persona que tenga información sobre este caso la aporte, al tiempo que ha señalado que "la Fiscalía Anticorrupción ve indicios claros de un posible delito" y ha citado a Compromís para pedir a la coalición "colaboración de manera explícita", porque "la Fiscalía quiere tener toda la información posible para demostrar que lo que está haciendo la señora Catalá en el Ayuntamiento de València es montarse su propio chiringuito".

   "Esta gente procede de esta forma de manera habitual. De hecho este es un nuevo caso, como ya hemos conocido con la vivienda pública en el Ayuntamiento de Alicante, como ya hemos conocido con la colocación de la mujer de Pérez Llorca o como ya hemos conocido también con el cambio de colores corporativos que hemos visto en los últimos días en la Generalitat. El Partido Popular piensa que las instituciones son su chiringuito", ha apostillado Robles.

   Papi Robles ha añadido que hay "un plantel en tres años de gobierno del Partido Popular y de Vox en el que tenemos en la puerta de la Fiscalía siendo investigados a María José Catalá, Paula Llobet, a Rocío Gil, Juanma Badenas y Cecilia Herrero (Vox) por delitos de odio". "Este es el gobierno de la señora Catalá", ha reprochado. Así, ha anunciado que Compromís per València pedirá una comisión de investigación en el próximo Pleno por estos cinco concejales investigados.