El Gobierno valora llevar al TC los cambios en la Inspección educativa de la ley de acompañamiento de la Generalitat

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno de España valora recurrir al Tribunal Constitucional varios artículos de la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2026 en materia educativa ante la "indefensión" transmitida por personal docente, por lo que los sindicatos califican de "policía política" impulsada por el Consell mediante los cambios en la Inspección, con el propósito, según ellos, de "perseguir" a los profesores.

   También planteará una comisión bilateral con el Consell para "aclarar muchos aspectos" que "colisionan con leyes orgánicas superiores" y que "no deben sobrepasarse", pero otros los llevará "directamente" al Constitucional.

   De este modo lo ha anunciado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras mantener una reunión con representantes de sindicatos educativos, de directores de centros de Primaria, Secundaria y de asociaciones de inspectores, que han solicitado "amparo" al Ejecutivo central ante las "políticas restrictivas" de la Generalitat Valenciana.

   En concreto, han asistido representantes de STEPV, CCOO, UGT, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza y Atención Discapacidad, la Associació de Directors i Directores d'Escola Pública del País Valencià, USOCV, ANPE, la Associació de Directors i Directores d'Instituts d'Educació Secundària y la Associació d'Inspectores i Inspectors d'Educació del País Valencià.

   En primer lugar, Bernabé ha invitado a la Administración autonómica a reflexionar: "Si yo fuera consellera de Educación, me daría vergüenza escuchar que la comunidad educativa demanda amparo al Gobierno de España porque se siente indefensa. Y esa indefensión está provocando incluso una autocensura por parte de los profesionales".

   La representante del Ejecutivo central ha criticado que el Consell haya introducido cambios en la ley de acompañamiento que están "poniendo el foco en el trabajo de los profesores, en la educación de los jóvenes de nuestra Comunitat" y que atenta contra "los valores constitucionales de igualdad, respeto, convivencia y libertad".

"CIERTA AMBIGÜEDAD" Y "SORTEAR" EL TC

   En este sentido, Bernabé ha afeado al Gobierno valenciano que haya utilizado "cierta ambigüedad" en la ley, lo que da "mucha inseguridad" a los profesores, con el objetivo de acabar, "según la Generalitat, con el adoctrinamiento ideológico" y que deja la responsabilidad en "el criterio personal de un inspector", lo que es "una responsabilidad muy grande". De hecho, ha hecho hincapié en que una asociación de estos profesionales "también ha demandado amparo".

   "Las leyes están para dar seguridad jurídica, no para llegar a una confrontación y a una situación de autocensura que nos están trasladando los profesionales de la docencia", ha afirmado Bernabé, que ha hecho hincapié en que el Consell ya "puso el foco en las políticas de igualdad, la coeducación y el respeto a personas LGTBI" con la ley de acompañamiento de 2025. Todo ello, "en connivencia con Vox", ha criticado. Una norma que, según ha incidido, "está suspendida por el Tribunal Constitucional como medida cautelar".

   Por ello, ha reprochado al Consell que, en esta ocasión, haya realizado "una aprobación más genérica para sortear la norma, para sortear al Tribunal Constitucional, pero en el fondo lo que buscan es lo mismo: sembrar el miedo en los profesores y profesoras, que tienen como derecho fundamental de su profesión la libertad de cátedra". "Y atacarla es atacar un derecho fundamental de los servidores públicos porque la ley educativa así lo ampara", ha advertido, y ha abogado por "consolidar" las normas para dar "seguridad a los profesionales".

   "Ponen en cuestión la libertad de cátedra de los profesores, los valores fundamentales que se han de fomentar de manera obligatoria en la ley orgánica de educación, que son los valores de igualdad de derechos, libertad e infancia. Todo esto ahora no sabemos si hay alguien que lo puede considerar adoctrinamiento o no", ha deslizado.

   "Como está suspendido, ahora han hecho una cosa ambigua para ver si, después, a criterio personal, se puede abrir o no con un señalamiento, con un canal de denuncias que supone una confrontación y le quita autonomía al centro", ha continuado la delegada del Gobierno, que ha defendido que los centros educativos "tienen autonomía para decidir cuáles son los temas educativos". "La igualdad es un valor fundamental de la democracia. No tiene que pasar por un filtro de nada, es una obligación de la ley", ha reivindicado.

"CRIMINALIZANDO AL PROFESORADO"

   Por parte de los sindicatos educativos, Marc Candela (STEPV) ha celebrado que la Delegación de Gobierno y la Alta Inspección "estén ya tomando iniciativas para defender al profesorado y su dignidad" ante los "ataques de nuestro gobierno y de la Conselleria de Educación, que lo único que pretende es ponernos en sospecha y crear una policía para vigilarnos" en base a "una premisa absoluta falsa, que es que nosotros nos dedicamos a adoctrinar".

   Por tanto, ha confiado en que la línea de trabajo del Gobierno de España "acabe bien", que el Consell retire la modificación de las funciones de la Inspección y que "vuelta todo a la normalidad". "Colaboraremos con todo para que sea así", ha garantizado, entre críticas al Consell por "continuar criminalizando al profesorado".

   Candela ha precisado que el asunto de la "policía ideológica" ya se ha incorporado a la plataforma reivindicativa creada durante la huelga celebrada el curso pasado y ha avanzado que trabajan en "nuevas acciones" que anunciarán "próximamente". En esta línea, ha garantizado que mantendrán "toda la presión" que puedan ejercer hacia el Consell para conseguir mejoras en los "temas pendientes".

"REGÍMENES AUTORITARIOS Y FASCISTOIDES"

   Mientras, Kilian Cuerda (UGT) ha indicado que la reunión con Bernabé ha sido "muy constructiva" porque han "intercambiado opiniones y visión" y han coincidido en criticar la "ambigüedad deliberada" por parte del Consell a la hora de implantar "una policía política que persiga al profesorado y la libre expresión".

   Frente a ello, ha valorado que el Gobierno de España vaya a abrir un "diálogo institucional" para ver "los puntos que han reformado en la ley de acompañamiento que colisionan con la legalidad de rango superior". En cualquier caso, ha acusado al Consell de actuar con una "práctica infame propia de regímenes autoritarios y fascistoides" para intentar "deliberadamente que el profesorado se autocensure" y ponerle "una diana encima" para "acosar" a este colectivo.

   Todo ello, ha sostenido, "introduciendo unos conceptos fuera de la legalidad como esas falacias de neutralidad ideológica y de adoctrinamiento que son totalmente ambiguas y dependen de un criterio de opinión personal del inspector" y que pretenden "cortar la libre expresión y la libertad de cátedra, amedrentar al profesorado y quitar al alumnado el derecho a ser educado en un espíritu crítico".

   Y Cristina Sánchez (CCOO) ha subrayado la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del profesorado y de permanecer "atentos" para que la nueva norma "no afecte a la autonomía de los centros, la libertad de cátedra y la capacidad de las familias de garantizar una educación de calidad basada en la confianza en el maestro".

   "El concepto de neutralidad es muy general y nos interpela a una autocensura o a una manera de pensar que evita la libertad que tenemos los maestros para atender nuestra libertad de cátedra y de hacer una educación de calidad y mirando siempre para los alumnos y para las familias", ha resumido.