Investigada una empresa de Alicante por vender banana como si fuera Plátano de Canarias

   ALICANTE, 13 May. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil ha investigado a una empresa de Alicante por presuntamente haber vendido de forma ilegal banana como si fuera Plátano de Canarias. Para comercializar plátanos de esta variedad es obligatorio tener la autorización pertinente y este negocio la tenía retirada.

   De acuerdo con los investigadores, esta empresa al parecer habría vendido casi 2.000 toneladas de banana en 2023 y no habría podido acreditar la regularidad de la comercialización de la mayoría de este producto, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

   Las pesquisas se iniciaron después de que la Guardia Civil recibiera una denuncia de una Asociación de Productores de Plátano de Canarias, marca registrada por las autoridades europeas y protegida bajo la Indicación Geográfica Protegida (IGP) por sus características específicas y que únicamente los operadores certificados están autorizados a comercializar.

   En dicha denuncia, se señalaba que una mercantil cuyas instalaciones se encuentran en la provincia de Alicante estaba vendiendo plátanos catalogados como Plátano de Canarias, que tenía suspendida la autorización para ello y podía estar comercializando bajo esta IGP bananas procedentes de Portugal, entre otros países.

AUTORIZACIÓN RETIRADA

   Tras recibir la denuncia, los agentes del Seprona de Alicante realizaron diversas inspecciones, tanto en las cámaras de conservación como en las de maduración, en las instalaciones de esta mercantil en la provincia de Alicante, además de otras tantas inspecciones y verificaciones en diversos establecimientos situados en Alicante, Valencia, Vigo y Bilbao, a los que presuntamente la mercantil alicantina les habría vendido el producto.

   Los agentes pudieron constatar diversas partidas de banana de Madeira que supuestamente habrían sido vendidas como Plátano de Canarias. Además, comprobaron que la empresa tenía retirada la habilitación para comercializar bajo esta marca.

   El Seprona asegura que la mercantil presuntamente falsificaba los documentos y facturas y ocultaba la comercialización del producto tanto a la empresa certificadora como a la administración, que en el pasado ya había adoptado la medida cautelar de retirada de la autorización para comercializar con este producto tras detectar supuestas irregularidades cometidas en su comercio.

   El pasado abril fue investigada la mercantil, a la que se le imputan dos delitos contra la propiedad industrial, un delito de falsedad documental y un cuarto delito relativo al mercado y a los consumidores. Las diligencias han sido puestas a disposición del juzgado de instrucción de Sant Vicent del Raspeig (Alicante).

   Asimismo, se han instruido los respectivos expedientes administrativos por infracciones al Reglamento (UE) 2024/1143, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantizadas y términos de calidad facultativos para productos agrícolas, que podrían conllevar sanciones que van desde los 4.001 hasta los 3.000.000 euros.

   La operación ha sido desarrollada por el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, que ha contado con la colaboración del Servicio de Control de la Calidad Agroalimentaria de la Generalitat Valenciana y el intercambio de datos con las autoridades de otros países a través de Europol.